Dos obreros de Fargo enjuiciados
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Defendamos el derecho de huelga
A fines de mayo de 2007 los obreros de Fargo fueron a la huelga que se prolongó durante cuatro días, con permanencia en los lugares de trabajo, en reclamo la reincorporación de tres compañeros despedidos sin causa y por la equiparación salarial con las otras plantas del mismo grupo. Hubo una represión policial brutal, con heridos y presos. La burocracia sólo apareció, tiempo después, para declarar en la fiscalía contra los trabajadores Gabriel Morales y Julio Gudiño.
El fiscal de la UFI de Moreno (Di Lorenzo) ha armado en base a estos hechos una causa penal trucha. Actuó "de oficio" pero los mentores de "su accionar" son la patronal y la burocracia de la alimentación. El fiscal se las ingenió para imputarle a Morales y Gudiño la figura de "privación ilegal de la libertad" y "compulsión a la huelga". Esta última figura penal significa que dos obreros obligaron a cientos de trabajadores a parar. Una estupidez que no resistió el menor análisis y luego de una primera audiencia en los tribunales de Mercedes logramos el cambio de carátula (sólo quedó la imputación de "privación ilegal de la libertad").
Ya se fijó la fecha del juicio, que será a principios del año próximo. La celeridad con la que el fiscal y la Justicia tramitaron la causa es por lo menos extraña en un país donde las causas en las que se encuentran implicados los poderosos y ricos duermen en los archivos y prescriben.
En la última audiencia, previa al juicio, el 28 de abril pasado, la jueza Padrini, del Juzgado Correccional Nº 3, ofreció un "acuerdo" que consistía en la suspensión del juicio por dos años a cambio de la realización de "tareas comunitarias". Para acceder a ese "acuerdo", Morales y Gudiño debían declararse culpables de delitos que nunca cometieron.
Los trabajadores rechazaron la extorsión. Ante esta nueva ofensiva de criminalizar el derecho a huelga, llamamos a todos los sindicatos, comisiones internas, organizaciones de derechos humanos y demás organizaciones populares a solidarizarse con los trabajadores procesados y a repudiar a este fiscal y al régimen político que intenta acallar con el Código Penal en la mano a los luchadores de la clase obrera.
Defendamos el derecho de los derechos: el derecho a la protesta y a la huelga.
Los compañeros han lanzado un petitorio y una campaña de pronunciamientos por su desprocesamiento. Solicitan que las adhesiones y pronunciamientos solidarios sean enviados a: Tribunales de Mercedes, Juzgado Correccional Nº 3 a cargo de la Jueza María Padrini, partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
