03/05/2018 | 1500

El número 1.000, en medio de la lucha contra los K

La llegada al gobierno del kirchnerismo, con el propósito de contener la rebelión popular y reconstruir a una burguesía nacional golpeada por la bancarrota económica, inauguró para el PO una intensa década de delimitación política y lucha programática contra el nacionalismo burgués, un engendro al que sucumbieron varias fuerzas de izquierda.


En ocasión del número 1.000 de Prensa Obrera (julio 2007), que fue celebrado con una edición especial de 24 páginas de la que se vendieron más de 10 mil ejemplares, se denuncian las negociaciones entre el kirchnerismo y el macrismo en el marco de la “transición” política en la ciudad, donde Macri acababa de ganar las elecciones para jefe de gobierno tras la destitución del ‘progresista’ Aníbal Ibarra por la masacre de Cromañón. Macri postula la erradicación de las villas y el despido de 20 mil empleados públicos.


A meses de las elecciones presidenciales que consagrarían a Cristina Kirchner, Prensa Obrera desmentía las presunciones ‘renovadoras’ de los K. “El hecho de que [Néstor] Kirchner haya revalidado las candidaturas del 90% de los candidatos a intendente del viejo aparato duhaldista en la provincia de Buenos Aires (…) pone en evidencia que el kirchnerismo se ha agotado como posibilidad de renovación política -ni hablemos de que pueda reactivar un movimiento nacional” (ídem). Este maridaje con el pejotismo y con la burocracia sindical fue una denuncia sistemática de Prensa Obrera, lo mismo que la denuncia del pago serial de la deuda externa, la precarización laboral y los subsidios y negociados de la burguesía local y extranjera.


El gobierno de CFK se topó rápidamente con la crisis derivada de la Resolución 125 de retención a las exportaciones, que ubicó a la mayoría de la izquierda como furgón de cola del kirchnerismo o del capital agrario. El PO se delimita de los dos bandos capitalistas y plantea una salida frente a la crisis: “Por la nacionalización de los pulpos agrarios y de exportación, y de sus puertos privados. Por arrendamientos para chacareros y campesinos en función de un plan público de desarrollo agrario. Por un salario agrario mínimo igual al costo de la canasta familiar y la libre organización sindical en cada finca o explotación. Fuera la burocracia de Uatre. Basta de pagar la deuda externa usuraria, por la nacionalización de la banca” (PO N° 1.044, 3/7/08).

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