El robo de tierras
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Los pueblos del interior de Santiago del Estero están siendo invadidos por empresas multinacionales de la soja y la ganadería. Al amparo de la nueva Ley de Promoción Industrial, los terratenientes ocupan campos y comunidades, desalojando a los pobladores a fuerza de topadoras, con el apoyo de la policía provincial. En julio, Gerardo Zamora había dicho en la Exposición Rural de Palermo: “…salimos a vender Santiago del Estero…”. Y en eso está.
En el Código Civil -redactado a la medida de los terratenientes de la pampa húmeda- no existe la figura de tierras comunitarias, y Zamora usa esto para desconocer los derechos comunitarios y poner bandera de remate sobre Santiago del Estero. A esto se suman las nuevas leyes provinciales que “legalizan” la expropiación de campesinos y pequeños productores en beneficio de las multinacionales de la agroindustria.
Usan la Ley de Vivienda Rural para parcelar las antiquísimas propiedades comunitarias, donde los pobladores comparten la tierra, el monte y el bosque. La ley, presentada como reguladora de la propiedad rural, sólo incluye en la escritura la casa, el baño, la galería, el agua y el corral, dejando afuera la unidad de producción, que comprende el bosque, el monte y las tierras de pastoreo. De ese modo, el gobierno desconoce “legalmente” que la tierra y el monte son propiedad de las comunidades y las entrega a las grandes industrias forestales ganaderas, que arrasan con todo para “fabricar” nuevos campos.
Esto vuelve imposible la supervivencia de las familias campesinas.
Al mismo tiempo, los diputados nacionales de la provincia están impulsando en el Congreso la ampliación de la Ley de Financiamiento, la cual —bajo la cobertura de créditos para los pequeños productores– abre el camino de la hipoteca masiva de las propiedades. Así, los campesinos terminarán perdiendo la tierra que han trabajado durante generaciones.
En beneficio de los expropiadores-exportadores, el gobierno pidió el fondo de reparación histórica para poner en condiciones la línea del Ferrocarril General Belgrano –uno de cuyos accionistas es Macri. El tren atraviesa los campos sojeros del país y llega hasta Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Es una vía económica para el traslado de los granos fuera del país.
Infantería y guardias blancos
Las empresas son conocidas: Maderas Duras del Norte, Conexa, Alfagro. El vicegobernador Emilio Rached, el diputado nacional Cristian Oliva y el estudio del abogado Miguel Angel Gómez son sus voceros directos.
Maderas Duras del Norte reclama la tenencia de 70.000 hectáreas, Conexa reclama 120.000 hectáreas. Los funcionarios tampoco se quieren quedar afuera y, en varios lugares, como en Pinto, se han valido de títulos falsos o apócrifos para desalojar campesinos.
Las 70.000 hectáreas que se adjudica como propias Maderas Duras del Norte están divididas en lotes que fueron “reordenados” en diferentes escrituras, según la Ley de Vivienda Rural. Esto obliga a los campesinos a litigar de forma separada, no como comunidad. La empresa ha conquistado las tierras a fuerza de 17 topadoras, que arrasan con ranchos, corrales y monte. Mantiene la ocupación con su policía privada y cuenta con hangares y pistas de aterrizaje. No permite la entrada en sus dominios ni siquiera de la policía provincial. Maderas Duras del Norte, en los desalojos, contó con el apoyo del Grupo táctico de estrategias de alto riesgo (Getoar).
Alfagro cuenta con su propio ejército irregular, protegido por Rached y el Ayuntamiento de Pinto España. Opera en la zona de las rutas nacionales 34 y 9, un área cerealera, copando los campos y echando a balazo limpio a sus propietarios. Los pobladores de Pinto denuncian que las bandas armadas actúan en los desalojos junto con la Infantería provincial.
En el lote 4 de Quimili (departamento Moreno) más de seis familias fueron desalojadas de este modo. La central campesina de la zona logró restituir los campos de cuatro familias, pero sus casas habían sido quemadas y les robaron todas las herramientas.
Las cerealeras buscan grandes extensiones donde producir los granos que se destinarán a la fabricación de biodiesel. El Estado provincial les asegura el avance sobre las tierras comunitarias y les garantiza la seguridad jurídica, mientras trata de engañar a los campesinos con “mesas de tierra” y “mesas de diálogo”, donde impulsa la división entre las comunidades.
Es necesario crear una gran unidad nacional obrero-campesina que enfrente a los expropiadores y al gobierno que trabaja para ellos.
