Evo Morales y sus socios están capitulando de una forma, no ya vergonzosa sino criminal. Están siguiendo un guión que le están trazando un conjunto de gobiernos extranjeros, que conduce sin más vueltas a una derrota popular y al desmoronamiento del propio gobierno. Ocurre que el gobierno ha decidido no interferir en el referendo autonómico convocado por la oligarquía del departamento de Santa Cruz, el próximo 4 de mayo, conformándose con la declaración de nulidad de la convocatoria emitida por la Corte Electoral y con la misma posición asumida por la Unión Europea.

Como el referendo derechista no va a ser admitido en el plano jurídico, Evo Morales considera más saludable mirar para otro lado. No sea que una movilización popular para abortar el proyecto de la derecha frustre el ‘diálogo’ con los secesionistas que propician la Iglesia y los gobiernos extranjeros. Los habitantes de Santa Cruz recibirán la recomendación de no ir a votar y los funcionarios indigenistas quedarán con la conciencia tranquila. A tono con esta bonhomía pacifista, los mandos militares ya han dejado trascender que no reprimirán el referendo ilegal, incluso cuando amenaza la unidad político-militar de Bolivia.

Semejante exhibición de cobardía política por parte del nacionalismo no tiene antecedentes, incluso en un continente que se ha caracterizado mucho en la materia. Cualquiera sea el status jurídico del evento, un referendo crea un poder político independiente del poder oficial de turno. Con toda malicia, los derechistas han dicho que no usarán la ocasión para ungir al prefecto como gobernador, para ofrecerle al gobierno razones y pretextos para seguir tirando la toalla. El referendo, sin embargo, entre otros poderes decisivos, otorgará al gobierno autonómico la facultad para legislar sobre tierras, lo que daría al traste con todos los efluvios reformistas del masismo en materia agraria. Tampoco son muy amplios, pues la reforma constitucional que votó el gobierno prevé la posibilidad de poseer hasta diez mil hectáreas de tierras – lo cual para los explotadores cruceños es poco.

El gobierno deja pasar el referendo derechista para seguir luego con el suyo propio sobre la Constitución, con la esperanza de que este último prevalezca sobre el primero, pero por sobre todo para que el tiempo vaya pasando y las cancillerías de los países amigos de Bolivia, Colombia incluida, vayan conteniendo a los facciosos. Mientras tanto, esas cancillerías aprovechan para sacar su mejor tajada, como lo demuestra el total abandono de refundar YPFB o completar la nacionalización del petróleo, que está totalmente abandonada a cualquier fin práctico.

Lo que, sin embargo, embarra la cancha de esta entrega indolora, y por sobre todo miserable, es que incluso en Santa Cruz, los campesinos se movilizan por la tierra, como ha ocurrido en los últimos días con los guaraníes, dando lugar a las primeras escaramuzas de una guerra civil. También hubo choques en Camiri, donde los trabajadores reclaman la refundación de YPFB. Pero resulta que los funcionarios de Evo han declarado caduca esta intención, y ahora pretenden crear una nueva empresa estatal de petróleo (EBI) con la finalidad de dar cabida en su directorio a la derecha secesionista y a los facciosos. Es una forma de dar estructura legal a la división del país y a la supremacía de los terratenientes facciosos aliados a los monopolios petroleros. En este plan, YPFB firmaría contratos de asociación con las prefecturas.

La línea de los paños tibios tampoco puede funcionar porque el oriente boliviano es sojero y la suba de los precios internacionales está encareciendo los aceites comestibles. Los capitales agrarios, como en Argentina – aunque aquí sin el apoyo de la izquierda- han rechazado la medida gubernamental de bloquear las exportaciones, y la sabotean abiertamente. El desmoronamiento del gobierno se manifiesta en la renuncia de funcionarios fundadores del MAS, que ocupan los más altos cargos del Estado. La asistencia de las cancillerías extranjeras funciona como el último recurso para detener una guerra civil y el estallido del ejército, aunque incluso estas posibilidades están neutralizadas por un reflujo de las masas que han apoyado al gobierno y que se encuentran desmoralizadas.

En oposición a la tolerancia oficial con el referendo derechista es necesario movilizar al pueblo para aplastar lo que no es más que una sedición contrarrevolucionaria.

Miguel Briante