Partido

19/1/2006|931

Exigimos que el Estado sea investigado


Cumplidos dos meses del criminal ataque al local del PO, la Justicia penal de la Capital Federal sigue “marcando el paso en el mismo lugar”. Demoró durante semanas el reconocimiento del Partido Obrero como querellante, reclamando certificados de la Justicia electoral que dieran cuenta de que los denunciantes lo hacían en representación del PO. La exigencia es absurda, si se tiene en cuenta que el local de Ayacucho 448 es el domicilio legal del PO, y sus apoderados encabezaron, desde el primer momento, la denuncia por el atentado. Se pretende reducir la causa a una denuncia de “particulares”, para diluir el carácter político que debe tener la investigación.


 


La fiscalía ha dispuesto como única medida un oficio a la Comisaría 5ª, ubicada a cincuenta metros del local. El oficio aún no ha sido respondido.


 


El PO exige que sean citados e investigados aquéllos que en los días previos al atentado participaron en una campaña mediática contra nuestro partido. Nos referimos en especial a Aníbal Fernández, por sus reiteradas provocaciones y por su negativa sistemática a recibir a sus dirigentes, también a otros políticos patronales de la Ciudad; reclamamos que se libre oficio a las secretarías de Seguridad (Nacional y de la Ciudad), para que se informe sobre actividades permanentes de vigilancia o control sobre nuestro Partido.


 


En torno de esta acción sobre la fiscalía y el juzgado, llamamos a apoyar una agitación política sistemática por el esclarecimiento del atentado y el castigo a sus responsables.