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21/12/2006|977

Fracasa intento de corrupción con Banco de Datos Genéticos

FRUSTRAN NEGOCIADO DEL GOBIERNO Y REMO CARLOTTO

El kirchnerismo se vio obligado a devolver a Comisión el proyecto de ley que decidía cerrar el Banco de Datos Genéticos y sustituirlo por un Instituto bajo control del gobierno. Se trataba de un proyecto tan escandaloso que dividió al bloque oficialista.

El Banco de Datos Genéticos funciona en el Hospital Durand desde 1987; debería funcionar hasta 2050. Alberga el único registro de sangre de familiares de personas desaparecidas del país y almacena información genética (11.000 muestras de ADN) para esclarecer otros conflictos de identidad, por ejemplo el del tráfico de niños o el de los desaparecidos de La Tablada.

Durante dos décadas, el Banco fue presidido sin remuneración alguna por su fundadora, la doctora Ana Di Lonardo, una autoridad internacional en la materia, que donó parte de la sofisticada aparatología necesaria para establecer la filiación. Aunque el Estado jamás garantizó los recursos que establecía la ley y hasta puso trabas aduaneras para el ingreso de aparatos, se desconoce que Abuelas hubiera reclamado por esta situación o que hubiera pedido mayor presupuesto para el Banco de Datos.

En el último año, Di Lonardo fue víctima de una enérgica campaña de desprestigio por parte de sectores K y de Estela de Carlotto, que la acusaba de lentitud en los resultados. En abril, el gobierno de la Ciudad jubiló de oficio a Di Lonardo y la desalojó por la fuerza de su despacho. Una orden judicial para que regresara al cargo fue desoída. El gobierno nacional le abrió una causa penal de la que salió indemne.

El Banco —y su valiosísima información- quedó bajo la dirección del abogado Torres Molina, un ex diputado del Frepaso, sin más mérito que sus lazos con el gobierno y ninguna formación científica. Una carta de protesta de Chicha Mariani (por años presidenta de Abuelas) y numerosos familiares de desaparecidos fue respondida por un fulminante comunicado de Abuelas asegurando que los datos estaban a buen resguardo (¿cómo lo sabrían?).

Poco después, ingresó a Diputados un proyecto de Remo Carlotto acompañado por otros 14 kirchneristas -entre ellos Kunkel, Rossi, Bonasso- y el socialista Hermes Binner. El proyecto disolvía el Banco de Datos y transfería el archivo y la aparatología a un nuevo Instituto, bajo control de la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia.

La radical Alicia Tate dijo que el proyecto no se debatió. El oficialismo sumó a las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación Penal para garantizarse la mayoría y la firma a libro cerrado. Tate agregó que “entre los asesores de Carlotto hubo genetistas vinculados a bancos privados que van a ser beneficiados por esta ley” (Parlamentario, 14/12; AF, 17/12).

El proyecto de Carlotto, efectivamente, autoriza al nuevo organismo a “celebrar los convenios necesarios para la incorporación de los datos registrados en instituciones de carácter privado”; a contratar “servicios para la realización de tareas especiales”; a “coordinar protocolos, marcadores, pautas y acciones comunes con otros organismos, entes e instituciones tanto públicas como privadas en los órdenes local, municipal, provincial, nacional e internacional” y a conformar un consejo asesor con “organizaciones de la sociedad civil”. Es una enajenación total. En el Banco de Datos está el ADN de los probables padres de los chicos apropiados por Ernestina de Noble (la dueña de Clarín) y por los ejecutivos de Mercedes-Benz. ¿Qué institución privada debería tener injerencia en el protocolo de certificación de identidad de los hijos de desaparecidos?

El kirchnerismo quería limitar la función del nuevo organismo a las víctimas de terrorismo de Estado (entre el 6/11/74 y el 10/12/83), con lo cual deja fuera de su órbita los crímenes anteriores y posteriores y todos los casos de tráfico de niños y adopción ilegal (tres millones de personas, según las ONG Adoptar y Quiénes Somos). “En nuestro país y diseminados por el mundo hay millones de argentinos que han sido sustraídos, apropiados, vendidos, traficados, y con la propia certificación que otorgó, en la mayoría de los casos, el propio Estado a través de sus Registros Civiles, compartiendo responsabilidades, con los ‘apropiadores’ de modo pasivo o activo, al asentar nacimientos de personas, en Partidas de Nacimiento apócrifas, donde casualmente, está demostrada su responsabilidad. Esto es no querer reconocer el tráfico de bebés en la Argentina“, dice una de sus declaraciones.

 

Olga Cristóbal