La Corte Suprema de Israel acaba de autorizar al ejército y a los servicios de inteligencia a continuar con la política de “asesinatos selectivos” contra militantes palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza. La autorización se extiende a los “dirigentes políticos”.

Hace algunos años, la Corte Suprema israelí ya había autorizado a las fuerzas israelíes a realizar “interrogatorios reforzados” (torturas) a los detenidos palestinos.

El fallo dice que no puede establecerse de antemano si una “ejecución” es contraria, o no, al derecho internacional. Su “legalidad”, dice, sólo podría ser establecida después de la “ejecución”. La establecerá una “comisión de investigación independiente” integrada por funcionarios israelíes.

Si esa “comisión independiente” determinara que la “ejecución” no fue “legal” —es decir, que se trató de un asesinato puro y simple-, “las víctimas tendrán el derecho a una compensación (económica)” (Le Monde, 16/12), aunque ya no puedan presentarse a los tribunales.

Desde el inicio de la segunda Intifada, en septiembre de 2000, las fuerzas israelíes asesinaron a 210 militantes palestinos “seleccionados”, en algunos casos con métodos tan selectivos como, por ejemplo, el lanzamiento de una bomba de una tonelada contra la casa de un dirigente de Hamas, atentado en el que murieron, además del “blanco”, su mujer, sus ocho hijos y cinco vecinos.

Los luchadores palestinos han recurrido, en los últimos tiempos, a un método heroico para proteger a los militantes amenazados: la formación de escudos humanos. Cuando un militante es amenazado, cientos de hombres y mujeres se reúnen en su casa para impedir, con sus propios cuerpos, su asesinato.

 

L.O.