A pocos días de cumplirse tres meses desde el secuestro y desaparición de Jorge Julio López, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió trasladar la investigación del fuero provincial (bonaerense) al fuero federal, unificando la causa caratulada de “averiguación de paradero” a otras existentes en la Justicia federal, vinculadas a las amenazas de las que fueron objeto decenas de testigos y compañeros a posteriori del 18 de septiembre. Este era un reiterado pedido de las organizaciones que vienen reclamándole al gobierno nacional la aparición con vida de Julio López.

La Corte adujo “razones de una mejor administración de justicia”, y en los fundamentos de la resolución la palabra “presunta” nunca se despega del término “desaparición”. La carátula, hasta ahora, no fue cambiada a “secuestro forzoso”.

Pese al festejo de Página/12, la medida expresa la profundización de una crisis política: se le saca el caso a la Justicia provincial (vinculada a Solá) luego que éste dijera que “la investigación por López es un fracaso”. El despechado Solá puso en el tapete la incapacidad de los “investigadores”. De hecho, es el propio aparato que “investiga” el que debería ser investigado… por la desaparición de López.

El único juez de la Corte que votó en contra del traslado, Carlos Fayt, coincidió con la posición del Procurador General de la Nación, el funcionario kirchnerista Esteban Righi. Éste se opuso a considerar el caso López como plausible de ser investigado en el fuero federal (por secuestro forzoso). Sin ponerse colorado, el emisario “K” argumentó que “numerosos testimonios de personas manifiestan haberlo visto (a López) con posterioridad a su desaparición” (Clarín, 14/12).

Si partimos de la base que Righi representa en su cargo al Poder Ejecutivo, la bochornosa teoría de Aníbal Fernández sobre la posibilidad de que López esté “vagando con linyeras” o “en la casa de una tía” vuelve a reflotarse en simultáneo al silencio oficial y encubridor sobre la investigación.

 

Hernán Scoro