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13/3/2008|1029

JUBILADOS PROVINCIALES | Cristina viene por las jubilaciones

El gobierno nacional reclama al cordobés que realice cambios en el régimen jubilatorio provincial, que resultaría en una caída del 20 al 30 por ciento en las futuras jubilaciones y la pérdida del 82% y de la movilidad.
Hoy el régimen jubilatorio provincial establece los haberes en función del mejor sueldo y "garantiza" un 82% con un Fondo Compensatorio formado por un plus del 7% que ponen los trabajadores y un 2% la patronal.
El gobierno nacional quiere que el cálculo considere el promedio de los últimos 10 años. En 2002, Córdoba adhirió a las leyes nacionales en la materia, pero sólo cumplió con el requisito de elevar la edad jubilatoria de los 53 a los 60 años (para las mujeres) y de los 58 a los 65 (para los hombres). La nueva forma de cálculo reduciría el haber jubilatorio más del 20 por ciento, liquidando de hecho el 82% y también "desenganchando" a los trabajadores de los cargos testigos para calcular la movilidad de su haber. Las futuras jubilaciones se desengancharían también de los aumentos salariales.

Crisis financiera
El gobierno nacional quiere que Córdoba cubra de este modo un déficit de más de 1.100 millones de pesos (que, según la Provincia, equivale a los envíos no efectuados por la Anses durante 2006 y 2007).
La Caja provincial tiene un déficit anual cercano a los 880 millones de pesos. La jubilación promedio es de 2.400 pesos, pero el 70 por ciento de los beneficiarios está por debajo de esa cifra. El 13% de los beneficiarios consumen el 40% del gasto de la Caja. Dos mil ex jueces y ex legisladores y 300 pensionados cobran más de 7.000 pesos por mes. El problema del financiamiento no está en el 82% (que garantizan los trabajadores con su mayor aporte) ni en la movilidad, sino en las jubilaciones de privilegio.
El gobierno provincial ha sostenido que "peleará" con la Nación el envío de fondos. Pero el encargado de negociar la transferencia es el secretario de Previsión e interventor de la Caja, Osvaldo Giordano, inspirador de la ley de Solidaridad Previsional (que liquidó la movilidad) – y también de la ley de Riesgos de Trabajo.

Organizarse para impedirlo
En las escuelas, oficinas y hospitales el tema se ha convertido en el centro de los debates de los trabajadores. Esto nos plantea una amplia tarea de organización sobre la base de un programa:
1. Que la Nación envíe inmediatamente los fondos adeudados
2. Defensa del 82%, de la movilidad y el "enganche". Ninguna modificación en el método actual de cálculo.
3. Que se termine la intervención a la Caja, que ya lleva 12 años. La Caja debe estar bajo control de jubilados y trabajadores.
4. Basta de jubilados de privilegio.

Eduardo Salas