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7/12/2006|975

La DEA y la embajada yanqui salvan a Romero

EL ESCANDALO POR EL ASESINATO DE LILIANA LEDESMA EN SALTA

Después de haber dado un despliegue tardío pero importante al caso del escándalo narcotraficante en Salta, que salió a luz tras el asesinato de Liliana Ledesma (véase Prensa Obrera N° 973 Y 974), Clarín sorprende en su edición del sábado 2 de diciembre con una foto-epígrafe del gobernador Juan Carlos Romero, titulada “El dato”. Ahí dice: “El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, recibió ayer (por el viernes 1° de diciembre) en la Casa de Gobierno provincial al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne”. Suficiente: para ellos se terminó la crisis, cesó el escándalo y se acabó el despliegue periodístico en torno de la cuestión. Los diarios de Buenos Aires ni siquiera informaron que, antes de recibir a Wayne en Salta, Romero ya se había entrevistado en Buenos Aires con un grupo de jefes de la Drug Enforcement Agency (DEA) norteamericana, primera y principal organizadora del narcotráfico en América Latina, como puede probarse muy largamente.

En nuestra edición anterior indicamos que Salta es desde siempre un centro latinoamericano del tráfico de estupefacientes, cosa que no podría suceder si el narcotráfico no hubiera penetrado hasta el tuétano al Estado provincial.

Ahora se ve cuán importante es ese corredor de la droga, al punto que el imperialismo norteamericano, por medio de su embajador en Buenos Aires, junto con la DEA, juegan personal y abiertamente sus cartas –ya no en la trastienda. No tenían más remedio, cierto es, por la difusión pública del caso, por la crisis política que ha promovido y, sobre todo, debido al grado de movilización generado por el asesinato de Liliana Ledesma y varios otros crímenes aún impunes.

Todos son Romero

Es de ver el resultado inmediato de la intervención directa de los Estados Unidos en el caso salteño. Elisa Carrió, autora en el Congreso de la Nación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional que habría revuelto el avispero político hasta un punto impredecible, aceptó ahora pasarlo a comisión porque, según dice, ha recibido un informe satisfactorio del Ministerio del Interior. Los viejos contactos de Carrió con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, reciente triunfador en las legislativas de ese país, sirven ahora para salvar a Romero y al Estado salteño.

No se trata, en definitiva, de un problema judicial o policial reducido al ámbito de la provincia. Es más, mucho más. Ni siquiera estamos ante un caso exclusivamente nacional, porque la DEA y el narcotráfico son factores de control y represión políticos en todo el Cono Sur. Hemos hablado muchas veces en este periódico del reciclado narcotraficante del “Plan Cóndor” y de algunos de sus personajes, como el norteamericano de origen uruguayo John Battaglia Ponte, empleado del ex coronel Oliver North –aquél del escándalo Irán-contras–, hombre de la CIA, el FBI y la DEA: esos agentes múltiples, se sabe, trabajan para varios servicios sin pertenecer a ninguno en particular.

Los corredores de la droga, como el que une Salta con Paraguay y San Pablo, con asiento en la triple frontera y vínculos aceitados con redes narcotraficantes europeas, son al mismo tiempo centros de conspiración política que, podemos estar seguros, tienen hoy en la mira a Bolivia y a Evo Morales, en quien jamás confiarán por más concesiones y agachadas que cometa el Presidente boliviano. Por eso Washington da a la cuestión salteña importancia estratégica regional.

Por eso, también, Kirchner faltó a su promesa de asistir a un acto en Tartagal para inaugurar un puente, lo que, de hecho, habría impulsado un frente opositor a Romero al estilo del que venció a Carlos Rovira en Misiones, aunque en aquel caso fue el gobierno nacional el que pagó las consecuencias. El acto no se hizo y el puente quedó solo.

En cambio, a una marcha por el asesinato de Liliana Ledesma en Salvador Mazza sólo asistió, de las fracciones oficialistas, Barrios de Pie, traicionado por el resto de las agrupaciones kirchneristas, que desde la intervención norteamericana simplemente abandonaron la calle.

Así las cosas, Romero se encuentra respaldado por todo el arco opositor e incluso por la Casa Rosada. Las cosas se facilitan en ese sentido porque el gobernador de Salta, hombre de confianza del imperialismo, que ha hecho y hace posible grandes negocios a distintas empresas yanquis, no tiene sin embargo posibilidades de reelección, de modo que los otros pueden dejarlo tranquilo mientras se devoran entre ellos por sucederlo.

Entre los movimientos con presencia activa en la lucha de masas, Barrios de Pie ha quedado entrampado en una encrucijada tendida por su propia política. Más allá de su voluntad, si no rompen con el gobierno de Kirchner terminan, siquiera indirectamente, avalando el respaldo oficial a Romero.

Además, la podredumbre del Estado provincial y sus vínculos con el narcotráfico se vinculan directamente con el problema de la tierra, con la cuestión campesina por la cual luchaba Liliana Ledesma contra la mafia de los Castedo, Aparicio y compañía. No hay “coexistencia pacífica” posible con los latifundistas y narcotraficantes que viven de expoliar a la población trabajadora. La nacionalización de los latifundios y un plan único de producción controlado por campesinos, comunidades y trabajadores del campo es un componente indispensable de la lucha para terminar con este régimen de narcos y oligarcas.

Por eso el Partido Obrero en Salta impulsa, desde sus bancadas legislativas y sobre todo desde la lucha callejera, con la movilización popular, la organización de una comisión investigadora independiente, que integre a los representantes de las organizaciones populares y de defensa de las libertades públicas, para resolver todos los crímenes impunes cometidos en el último período, con el objetivo final de expulsar a las bandas gobernantes y construir una alternativa obrera y campesina; esto es, socialista.

 

Alejandro Guerrero