El Congreso aprobó por unanimidad una Resolución político-electoral, elaborada por una comisión integrada por 84 delegados.

La resolución destaca que “las elecciones de octubre de este año serán un episodio de la crisis política planteada en el país como resultado de los límites de la llamada normalización kirchnerista. El carácter revulsivo de esta etapa política se expresa en la llamada salida económicadel gobierno, que reposa sobre tres elementos. En primer lugar, una fantástica confiscación social contra los explotados, que se traduce en la caída del salario, las jubilaciones y, en general, de todos los gastos sociales. La carga insoportable de esta confiscación para los explotados ha conducido a la oleada de luchas salariales, hospitalarias y educativas más importantes de los últimos años. En segundo lugar, la economía de Kirchner y Lavagna se sostiene en un crecimiento del saldo del comercio exterior que obedece a una cierta coyuntura internacional, y no a una supuesta conquista de posiciones independientes en el mercado mundial. Finalmente, y como salida a la supuesta fase del desendeudamiento, el gobierno ha reingresado en un nuevo ciclo de hipotecamiento nacional, en condiciones aún más leoninas y confiscatorias que las del pasado”.

La precariedad de estas condiciones caracteriza a la presente etapa política como de transición en el marco de una crisis histórica del conjunto del régimen social. Las elecciones de octubre serán, en ese terreno, un episodio preparatorio. El gobierno pretende aprovecharlas para superar la crisis de poder, aun cuando todo indica que no pasará otro remedo precario. Para la clase obrera, está planteado explotar los límites y contradicciones del régimen para impulsar, con la propaganda, la agitación y la organización, un progreso en la delimitación y agrupamiento independiente de los explotados respecto del nacionalismo capitalista.

El gobierno K ha presentado a las elecciones de octubre como un “plebiscito de su gestión”, pero “todo se reduce a un operativo de extorsión” al aparato peronista y al centroizquierda.

El programa

El PO desarrollará su campaña electoral sobre dos grandes ejes, en primer lugar, la lucha contra la pauperización capitalista. “La cuestión del empobrecimiento de las masas se presenta a escala internacional, y en relación con la crisis mundial capitalista” . La burguesía mundial está totalmente jugada a profundizar la precarización de la fuerza de trabajo. Ante el empobrecimiento masivo, la burguesía nacional y su gobierno no se limitan a los planes de asistencia social, sino que impulsan un gigantesco operativo de superexplotación laboral, al establecer una “referencia de miseria” como piso salarial, convertir en norma el trabajo en negro, profundiza la privatización previsional, o sea redistribuir la miseria. En oposición a la política de “redistribución de la pobreza”, planteamos la vigencia de un salario mínimo y móvil igual al costo de la canasta familiar (hoy de 1.800 pesos), una jubilación del 82% móvil y un seguro al parado (transitorio) similar a la jubilación para el trabajador despedido y un seguro universal para todos los desocupados. Para desarrollar este planteo y el control obrero generalizado. Para imponer las reivindicaciones salariales y el ejercicio del control obrero, es necesario un plan de lucha de conjunto de todas las organizaciones obreras y sociales de los explotados; expulsar a las burocracias de las organizaciones obreras y apoyar el método de las autoconvocatorias.

La bancarrota capitalista ha significado también una nueva confiscación de las jubilaciones. Planteamos la renacionalización de las AFJP bajo control de trabajadores y jubilados. Frente a la desocupación en masa, planteamos un plan estatal único de obras públicas y de industrialización bajo control de los trabajadores. Levantamos el monopolio estatal de la obra pública bajo control obrero en oposición al vaciamiento del presupuesto público en favor de la patria contratista y sus agentes políticos. Luchamos por una asignación estatal para las fábricas ocupadas por sus trabajadores, de acuerdo con las necesidades de la gestión obrera. Estos planteos son incompatibles con el pago de la deuda externa, con el nuevo endeudamiento y los subsidios a los bancos. Exigen, por lo tanto, el desconocimiento de la deuda externa y la nacionalización de los bancos y del gran capital bajo gestión obrera.

El segundo gran eje de una plataforma electoral plantea la cuestión del control obrero de la vida laboral y social, en su sentido más amplio. El control obrero de los lugares de trabajo debe ser una respuesta a la inseguridad e insalubridad laborales, pero también al trabajo en negro, sistemáticamente tolerado por los “inspectores” del Estado patronal. Frente a la degradación ambiental provocada por el capitalismo “demostraremos que el control de la vida laboral y social por parte de aquellos que producen socialmente es la variante más efectiva y barata para defender la seguridad, la salud y la vida de la población”. Planteamos, en definitiva, “la necesidad de otro control, un control independiente de ese Estado, que por esta misma característica se convierte en un poder propio, opuesto al Estado y en contradicción irreversible con él”.

La cuestión democrática y de las libertades debe constituir también un elemento de lucha y agitación política, contra un gobierno que se jacta de defender los “derechos humanos”, pero defiende el gatillo fácil y la represión cotidiana del pueblo.

La resolución de las necesidades elementales de las masas exige transformaciones sociales de fondo, que son incompatibles con un gobierno de la burguesía nacional y su organización social capitalista. Luchamos por un gobierno de trabajadores, como parte de una lucha continental por la Unidad Socialista de América Latina.

El Frente de izquierda

La disgregación del PJ y del conjunto de los partidos tradicionales y el colapso del centroizquierda plantean que una verdadera oposición de los explotados al nacionalismo capitalista sólo puede revestir un carácter obrero y socialista. El episodio electoral debe ser aprovechado para la preparación política de los explotados con vistas a la crisis que inevitablemente planteará el agotamiento del gobierno nacionalista. Esta apreciación separa al Partido Obrero del conjunto de la izquierda que rechaza la posibilidad de un frente ciento por ciento de izquierda. En este cuadro, el desarrollo y redoblamiento de la campaña por el frente reviste una doble función. Plantea un agrupamiento de los partidos de izquierda y de los movimientos de lucha con independencia de la burguesía nacional y, al mismo tiempo, ofrece una perspectiva a las organizaciones y militantes de izquierda que enfrentan la tendencia a la liquidación de la izquierda por parte de las direcciones democratizantes.

La formación de una vanguardia revolucionaria

De aquí hasta octubre, la crisis política se va a consentrar en dos ejes: la creciente lucha huelguística y la pelea electoral. La resolución destaca que “las elecciones de octubre plantean el desafío de promover la circulación social revolucionaria de la vanguardia piquetera en el conjunto del medio trabajador y de las clases medias empobrecidas. Esta inserción plantea, en definitiva, la elevación del militante del Polo a la condición de cuadro revolucionario, en condiciones de dirigirse y explicar su programa al conjunto de los explotados. Para cumplir las nuevas tareas planteadas por la presión del Estado, por el desarrollo de la crisis y por la agudización de la lucha de clases, los piqueteros más avanzados del Polo Obrero se tienen que transformar en militantes socialistas de la clase obrera…”. La resolución señala que “se trata de aprovechar el escenario electoral para acelerar el proceso de formación de una vanguardia socialista”.