Junto a la promesa de incrementar el número de fuerzas policiales y a los reclamos de más presupuesto para solventarlas, Scioli está impulsando nuevas reformas penales. Hace demagogia con que viene a impedir que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra. Las reformas en curso buscarían acelerar los procesos. Sin embargo, los ladrones que son liberados no es por mora judicial sino porque están asociados con las bandas parapoliciales que regentean el delito.

El carácter general de las reformas es que se focaliza el delito sobre los sectores más pobres de la población.

Los llamados ‘delitos comunes’ no podrán apelar sus sentencias a la Cámara de Casación, que quedará sólo para "delitos complejos". Se elimina así una instancia de apelación para los acusados pobres. Tampoco podrá apelarse ante la Cámara de Casación los reclamos de habeas corpus.

Al mismo tiempo se pone en marcha el criterio de "flagrancia", por el cual los que son detenidos ‘con las manos en la masa’ por delitos comunes (penas menores a 15 años) pueden ser acusados, procesados y sentenciados en forma ‘express’, en alrededor de 60 días. Se considera que la prueba ya está demostrada. Esto vulnera el principio de inocencia de todo acusado hasta que se demuestre su culpabilidad, permite armar procedimientos a la policía para que el acusado se declare culpable y ‘negocie’ las penas. Se trata de una ley que incrementa la presión policial: la Bonaerense podrá armar los operativos y las ‘causas’, con autorizaciones en blanco de fiscales represores.

Solo la disolución de la Bonaerense y su reemplazo por una fuerza ciudadana seleccionada y bajo control de las asambleas populares y los organismos de derechos humanos, podrá terminar con este flagelo de una sociedad capitalista en descomposición.

Rafael Santos