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15/5/2008|1037

LEY DE RADIODIFUSION | La consigna oficial:"Estaticemos los contenidos"

En el marco de la pelea con Clarín, Cristina Fernández de Kirchner se dio por enterada de que los medios de comunicación monopólicos reflejan la realidad de acuerdo con sus propios intereses. Por eso anunció una nueva "ley de servicios de comunicación". El objetivo, dijo la Presidenta, "es que en materia de libertad de expresión nadie se quede con la ñata contra el vidrio".

No hace falta refrescar los blasones democráticos de los K: su ex chofer Rudy Ulloa controla en Santa Cruz un diario, un canal de televisión y una FM, que van de la alcahuetería al matonaje y ha estado empeñado en avanzar sobre medios nacionales. El presidente de Télam, Martín Granovsky, fue carnero de joven y se convirtió en jefe feroz apenas trepó un poquito. En Télam impuso una censura pétrea, desplazó de sus puestos a los trabajadores "no confiables", convirtió a la agencia en una sucursal de la secretaría de Medios y hasta se cargó la guardería.

Los paniaguados del gobierno -Schuster, Wainfeld, Bonasso- se han apresurado a alabar la iniciativa recordando que "el aire es de todos". Error: el aire será de todos pero el espacio radioeléctrico -que es por donde circulan las ondas de radio y televisión- es del Estado, que "concesiona frecuencias a los privados o se reserva el derecho de gestionar emisoras radiales o televisivas por sí mismo". En 2005, cuando estaban por vencer los plazos de las licitaciones otorgadas por Menem,  Kirchner los suspendió por decreto, lo que implicó una renovación automática por diez años de todas las licencias. Una medida coherente con sus antecesores, que añadieron 80 decretos a la ley de Videla para facilitar la conformación de multimedios cada vez más concentrados, el mayor de ellos Clarín.

Menem firmó el decreto de Alfonsín que autorizaba a las empresas periodísticas a entrar en el negocio de la radio y la televisión. Y mientras la ley original sólo autorizaba cuatro licencias por persona física o jurídica, se les amplió el permiso a 24. Por eso ahora La Nación (3/5) reclama desde un editorial que no se vuelva "a la prohibición a los medios de prensa gráfica de tener canales de televisión abierta" y que no se avance "sobre los derechos de los licenciatarios a transferir sus licencias". Los Mitre también desaconsejan "que se fijen criterios de cuotificación de contenidos y la obligatoriedad de asignación de inversiones" así como "que no se busque condicionar los contenidos a partir de la definición del negocio de la televisión por cable como un servicio público".

Esa fue exactamente la política del kirchnerismo hasta ayer. Ahora ensayan alternativas. ¿Dónde está la "democratización" en el intento de armar una estructura comunicacional alternativa de alcahuetes que sostengan un gobierno en crisis, que además ha dado cátedra de cooptación, soborno y disciplinamiento de los movimientos sociales? Los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, el manifiesto de progres y kirchneristas, simplemente ignora el monopolio capitalista de los medios de comunicación y de todos sus soportes tecnológicos (telefonía, informática), para reservar, dentro de este monopolio, un lugar para "las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales". Esas entidades son las que avalaron el negro y los despidos, y molieron a palos a los trabajadores antipatronales. Están estatizadas.

El gobierno se irrita por los brulotes de Clarín ¿eso significa que cambió su propósito de "mandar a la banquina" a los luchadores? Por el contrario, los ataques a Clarín servirán de antecedente para censurar todavía más las expresiones de los explotados. ¿Acaso los trabajadores del Subte, de Mafissa, del Casino, podrían "expresarse" en un canal o una radio controlados por Moyano? ¿Los docentes o los periodistas en lucha podrían hacerlo en medios controlados por la CTA de Yasky? ¿Los estudiantes en un canal controlado por la UBA, o sea por Hallú o Schuster? ¿Los trabajadores de la constructora de las Madres han tenido un lugar en la radio de éstas para denunciar sus infames condiciones de trabajo? Schoklender ha despedido a periodistas por entrevistar a dirigentes del Partido Obrero.

Desde que el Congreso derogó el artículo de la Ley de Radiodifusión que prohibía que las organizaciones comunitarias accedieran a licencias de medios, el kirchnerismo sólo entregó dos licencias no comerciales, una a Radio Encuentro de Viedma y otra a las Madres de Plaza de Mayo. Ambos espacios son propagandistas sin fisuras del gobierno y su nutrida lista negra está encabezada por los trabajadores antiburocráticos y los partidos de izquierda. La campaña del kirchnerismo contra Clarín es una tenida amable si se la compara con los métodos que usa para acallar y evitar que trasciendan los conflictos sociales (Hospital Francés, Casino, petroleros, desalojos) y para censurar a la izquierda. ¿Qué sentido tendría que los explotados le facilitáramos a un gobierno patronal más herramientas que las que ya tiene para controlar a la opinión pública y a la prensa?

Los trabajadores defendemos la más irrestricta libertad de prensa porque sabemos que cualquier restricción a las libertades democráticas tiene como objetivo principal restringir nuestro derecho a manifestarnos y a levantarnos contra los opresores, del bando que fueren. La libertad de expresión está condicionada al carácter capitalista de los medios de comunicación y al carácter opresivo y clasista del Estado. Para conquistar la liberdad de expresión es necesario que montemos nuestros medios de prensa, que  independicemos a las organizaciones populares de la burocracia y del Estado, y que, de esta manera, pongamos fin a todos los monopolios capitalistas, en especial en la cultura y en las ideas.

Olga Cristóbal