Los imputados del caso Sayago vuelven a la cárcel
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Sacco y Vanzetti en la Patagonia
Pocos días después de las elecciones, la jueza Ruata de Leone otorgó la detención domiciliaria a los acusados por la muerte de Jorge Sayago, el oficial de la policía santacruceña muerto durante una protesta frente a la Comisaría de Las Heras, en febrero de 2006. Los seis detenidos son trabajadores: dos petroleros, un municipal y tres desocupados, que sobrevivían de la caza en la zona; todos son habitantes de Las Heras.
Inmediatamente se inició una campaña para volver a encarcelarlos, encabezada por el propio gobernador Daniel Peralta, quien ordenó la apelación del fallo. Como resultado de esta apelación, el tribunal de alzada, juez Mayer, revocó la prisión domiciliaria y envió a los trabajadores imputados nuevamente a la cárcel.
Los imputados, según el derecho argentino y la jurisprudencia actual, deberían esperar el juicio en libertad.
La Iglesia reclama la realización rápida del juicio. Pero la realización del juicio por sí misma no garantiza nada. Desde la primera foja hasta la última, la causa está plagada de nulidades y conjeturas ajenas al derecho penal. Las pruebas son los interrogatorios llevados adelante por la policía provincial, en una dependencia de Obras Sanitarias donde eran trasladados compulsivamente los testigos por policías de civil, uno de los cuales cambi´p sus testimonios en tres oportunidades e incluso denunció apremios y tortura psicológica; este es el único testimonio contra el petrolero de Indus detenido. Todo este procedimiento fue avalado con la firma de la jueza de instrucción. Ninguno de los procedimientos de investigación, allanamientos, escuchas telefónicas, etcétera, están ordenados ni se justifican los motivos de tales medidas; son por lo tanto totalmente nulos. Para citar un burdo ejemplo, consideran las rodilleras, que son parte de los elementos de trabajo de los petroleros, como protectores policiales que se le habrían quitado a Sayago.
Los detenidos fueron sometidos a tortura en sus primeros traslados, que dio origen a otra causa que lleva la misma jueza pero en la que no hay un solo imputado… a pesar de haberse establecido claramente los efectivos que participaron.
Un juicio en los tribunales de Caleta Olivia no garantiza ninguna de las garantías constitucionales ni procesales para los imputados y mucho menos el esclarecimiento de la verdad.
El gobierno de Santa Cruz apunta a condenar a los imputados sin pruebas. Como a Sacco y Vanzetti, los militantes obreros condenados a muerte en Estados Unidos por la muerte de un policía, de la que eran totalmente inocentes.
No hay juicio justo. Por una campaña nacional e internacional por la absolución e inmediata libertad de los presos de Las Heras.
