Como se puede ver, la pólvora del intendente del PRO está mojada.

La Municipalidad de Buenos Aires no tiene ni la capacidad ni los medios para imponer una liquidación del derecho de protesta.

El Código Contravencional del distrito no puede anular un derecho constitucional, ni tampoco pueden hacerlo los jueces porteños.

La reciente sanción judicial a la Uocra, por los cortes de calles con los que expresó su repudio a los crímenes patronales que están representados por los accidentes de trabajo, solamente adquirió eficacia porque la burocracia de ese sindicato decidió aceptarla.

Sin la complicidad de la burocracia sindical, los anuncios de Macri no son más que quimeras.

Quien sí reprime, aunque no haga declaraciones, es el gobierno nacional, como lo demostró en el pasado la Gendarmería en el sur y como lo demuestra ahora la represión contra los trabajadores del Casino de Puerto Madero y contra los de la petrolera Oil.

El matrimonio oficial no solamente cuenta con la Prefectura y la Policía – también cuenta con las patotas y los matones del Somu, Aleara o de Alberto Fernández.

Tampoco disimula las razones que tiene para reprimir: defender las máquinas tragamonedas de su compadre Cristóbal López y el afán de la burocracia de los juegos de azar de quedarse con la caja de propinas de los empleados.

La represión para defender los negocios de sus compinches es el único ‘canje humanitario' que conocen los inquilinos de la Casa Rosada.

Macri quiere ‘robarle' la iniciativa a un gobierno nacional que está paralizado por las contradicciones de su política, pero no tiene los medios ni la capacidad para sus ambiciones.

Simplemente enuncia la agenda de la clase capitalista para que la imponga el gobierno nacional.

Las libertades democráticas resultan las víctimas de esta disputa de clanes capitalistas para ocupar los llamados ‘espacios de poder'.

Los trabajadores, lejos de dejarnos intimidar, tenemos que tomarles las medidas exactas a nuestros adversarios.

La cargada agenda reivindicativa de los trabajadores argentinos no admite ningún recorte de sus derechos de protesta, acción y organización.