La resolución de la Convención Nacional Democrática ha expuesto un nuevo desarrollo de la crisis política de México. Por un lado, la masividad de la Convención y el protagonismo de la movilización popular han desplazado el centro político del país del parlamento a la calle. Por otro lado, la Convención se ha convertido en la base política oficial del desafiante Andrés López Obrador, desalojando de ese lugar a su propio partido, el PRD. El PRD, en cambio, necesita, para sobrevivir, rescatar al parlamento como el escenario representativo del Estado, lo que también implica una activa negociación el gobierno rechazado por las masas movilizadas. Este nuevo desarrollo político explica la reacción negativa de la dirigencia del PRD ante López Obrador y la Convención, pero por sobre todo los esfuerzos desesperados, de uno y otro lado, para armar un puente de colaboración política entre la calle y el parlamento, y entre la Convención y los gobernadores y parlamentarios electos del PRD. El objetivo de esta colaboración es, como resulta obvio, encarrilar la presión popular a través de ‘las instituciones’.

El ex candidato presidencial del PRD en 1998, Cuauhtémoc Cárdenas, que se ubica en el polo que rechaza a la Convención, caracterizó la designación de López Obrador como “presidente legítimo” como “un grave error (que) golpeará al PRD” (La Vanguardia, 18/9). Dos gobernadores del PRD, Lázaro Cárdenas, de Michoacán, y Juan Sabines, de Chiapas, directamente han reconocido la victoria de Calderón. Alejandro Encinas, gobernador del Distrito Federal, se negó a desconocer a Calderón.

“Los legisladores del PRD, por su parte, comenzaron a trabajar con el PAN (de Calderón) y con el PRI para sacar adelante pactos legislativos. El primer acuerdo suscripto garantiza que el PRD presidirá las Cámaras de Diputados y Senadores en la actual legislatura…” (El País, 9/9). Para esta fracción, la Convención debería limitarse a ser un factor de presión, subordinado, de las negociaciones que se desarrollen en el Congreso.

Un observador de la escena mexicana escribe (Página/12, 19/9) que “Los alcances de las decisiones asumidas en la Convención … deberán empezar por crear fórmulas programáticas de colaboración con el PRD, sin el cual no tendría posibilidades reales de trasladar y defender sus demandas en el ámbito legislativo, en primer lugar, y presionar también sobre las políticas públicas del gobierno federal. Además, López Obrador necesita de los recursos económicos que el PRD le puede proporcionar parra sostener su movimiento (valga mencionar que la Convención costó más de medio millón de dólares, que fueron proporcionados por militantes perredistas que ocupan cargos de elección popular)”.

Esta contradicción política no podrá durar mucho tiempo, a partir del momento en que Calderón asuma el gobierno y transcurran los primeros cien días en funciones. En ausencia de una agudización de la crisis política, que podría resultar de la incapacidad del nuevo gobierno para llevar adelante su programa o agenda; o en ausencia de una intervención de mayor alcance de las masas, la tendencia sería a la disolución de esta contradicción dentro del nuevo juego político parlamentario y el desplazamiento de López Obrador hacia el mismo exilio político que conoció el subcomandante Marcos, luego de varios años de exhibicionismo ‘movimientista’ y ‘asambleario’. En estos términos, la operación de la Convención en el Zócalo no pasa de un intento de desviar la movilización popular, y ganar tiempo y pretextos para disolverla. El movimiento de López Obrador se parece esencialmente al zapatismo, pues al igual que aquél despliega a las masas como exhibición política, aunque el FZLN, hay que subrayarlo, no ha intervenido prácticamente para nada en la crisis desatada por el fraude electoral, y ha demostrado con ello una irrecuperable incapacidad política. Sin embargo, la movilización que impulsa López Obrador no se produce en los márgenes del país sino en el centro político de la nación y es una síntesis peculiar de diversas tendencias populares.

El movimientismo de López Obrador es fundamentalmente adversario de la acción directa de las masas, que es tal cuando golpea efectivamente al aparato del Estado no se reduce a un carácter testimonial. En ningún momento llamó a una huelga general, ni tampoco planteó cómo organizarla, y lo más importante de todo es que le ha dado la espalda al movimiento insurreccional de Oaxaca, donde su partido juega un rol abiertamente contrarrevolucionario. Para resolver la impasse política nacional, la burguesía se ha empeñado, por esto, en intentar liquidar, en primer lugar, la insurrección de Oaxaca.

Oaxaca

La rebelión popular desatada por la represión de una huelga salarial de los docentes, continúa dominando Oaxaca. Los edificios públicos siguen ocupados; las radios transmiten bajo el control de los maestros. Los diputados estaduales han pasado “a la clandestinidad”, reuniéndose para conspirar en casas particulares. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha impuesto un doble poder; estableció el “toque de queda” y cada noche establece barricadas para hacerlo cumplir. Hasta estableció una fuerza policial propia, las guardias móviles, encargada de mantener el orden y de reprimir los intentos de contragolpe del gobierno estadual. El reclamo central de la pueblada de Oaxaca es la destitución del gobernador Ulises Ruiz.

El gobierno nacional ha comenzado a negociar con la APPO y la dirección del magisterio; su objetivo es hacer refluir el movimiento por medio de promesas. La crisis política ha frenado, por el momento, el reclamo de los legisladores de Oaxaca (incluido alguno del PRD y sus aliados) de que el gobierno federal envíe tropas para “restablecer el orden”.

Para iniciar las negociaciones, el gobierno impuso como condición la supresión de las guardias móviles. En el curso de las negociaciones, la dirección de la APPO y del sindicato docente habrían acordado “medidas de distensión”, prometiendo el levantamiento del plantón (acampe), no realizar más cortes de ruta, devolver las radios y edificios públicos y retornar a clases. A cambio, obtuvieron una reunión con las jerarquías del senado para “tratar la destitución de Ruiz” (La Jornada, 15/9). Pero en el Senado, la eventual destitución de Ruiz enfrenta una oposición cerrada, tanto del PAN como del PRI.

Todo esto provocó una convulsión entre los maestros. Los que mantenían en su poder los camiones del gobierno estadual se han negaron a entregarlos y quitaron su sostén a la comisión negociadora. Una asamblea general posterior rechazó las “ofertas” de la Secretaría de Gobierno y votó una resolución que dice que los maestros volverán a clases, levantarán el plantón y devolverán las radios, edificios y camiones… cinco días después de la destitución de Ulises Ruiz.

Los maestros de Oaxaca y la APPO están preparando una marcha hacia el Distrito Federal para instalar un plantón frente al Senado, el organismo del Estado que debe discutir la destitución de Ruiz. Llegará así a la capital la tan “temida” convergencia entre la lucha contra el fraude y la lucha de Oaxaca.

El planteo de la huelga general — por la victoria de Oaxaca y por la victoria de la lucha contra el fraude — puede permitir una intervención de la clase obrera en la crisis política mexicana.

Luis Oviedo