Luego de pedir disculpas por las contravenciones, que responsabilizaban a los vecinos por contaminar el barrio, y prometer nuevamente las obras de urbanización (ver PO N° 1.356), el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente K Mariano West, arremete nuevamente contra los vecinos del barrio “La Rivera”, del partido de Moreno. Después de varias y largas reuniones con el juez de faltas y altos funcionarios del municipio, éstos prometieron dejar sin efecto las causas iniciadas, al tiempo que prometían la urbanización, el saneamiento del rio y desmentían los rumores de desalojo a causa de la construcción del camino de la ribera.

Las aguas parecían calmarse, pero los vecinos fueron nuevamente atacados por las autoridades políticas al ver que las contravenciones no han sido levantadas, que la urbanización no ha comenzado y que las únicas obras en marcha son las de construcción del nuevo camino, la gente del barrio ya ha sido informada de que el paso de las maquinarias es inminente y que se llevarán por delante las precarias viviendas que pueblan La Rivera. Ante esto, la asamblea del barrio se ha puesto en acción y, junto al Polo Obrero, el 8 de mayo se cortó la totalidad del puente Falbo, que une los distritos de Merlo y Moreno, en reclamo de la nulidad de todas las causas contravencionales y por un plan de viviendas y urbanización para el barrio. Sin obtener respuestas concretas, la asamblea llamó a movilizar el 11 de mayo a las instalaciones del Juzgado de Faltas de la ciudad de Moreno, donde fueron recibidos por el juez, quien prometió nuevamente levantar las causas contra los vecinos; también hubo respuestas del municipio, se convocó al cuerpo de delegados del barrio a una reunión donde los recibirá el intendente.

La maniobra de West es clara, nunca hubo un plan de urbanización, la idea del Ejecutivo siempre fue el desalojo del barrio, donde cientos de familias sobreviven en condiciones paupérrimas. La única información oficial que los vecinos recibieron, desde que se hizo público el plan de construcción del camino, es que debían deshabitar el lugar donde viven desde hace más de 20 años, las autoridades no tienen respuesta para las inquietudes que se presentan. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué lugar y en qué condiciones van a reubicar a las familias? ¿Cómo se recompensará a los afectados?

Los desalojos y las precarias condiciones de vida se repiten a lo largo y ancho del municipio, al tiempo que crece el negocio de la especulación inmobiliaria, al servicio del cual están destinadas la mayor parte de las obras públicas.

Desde el Partido Obrero exigimos la inmediata nulidad de las contravenciones con las que cargan los vecinos de La Rivera. La declaración de la emergencia habitacional. La puesta en marcha de un verdadero plan de obras públicas y de vivienda que incluya la expropiación de tierras para ponerlas al servicio del pueblo. No a la criminalización de la pobreza, basta de perseguir a los que luchan.