“Nuevo gobierno con los mismos represores”
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Como el inicio del gobierno de Romero, Urtubey debuta también denunciado por contar con un hombre vinculado a la dictadura en la Secretaría de Seguridad.
Se trata de Jorge Amado Skaf, actual secretario de Seguridad, denunciado por Cristina Cobos como partícipe de tareas de inteligencia sobre estudiantes universitarios. El marido y el hermano de Cobos se encuentran desaparecidos desde la dictadura.
Skaf dice que no estaba en Salta en esos años sino en la Policía Federal y que nada tuvo que ver con las atrocidades de la dictadura. Esto se contradice con la información que figura en su legajo. Cobos presentó una amplia documentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Salta.
Jorge Amado Skaf fue funcionario de la Secretaría de Seguridad durante el gobierno de Romero, bajo el mando del represor Ferraris y de la Secretaría de Seguridad del primer secretario de la era Romero, el torturador de la dictadura Sergio Nazario.
En la Secretaría de Seguridad se ha designado también al responsable del espionaje a la huelga docente del año pasado, el comisario Rubén Sandoval, quien dirigía la D2, el área de inteligencia de la Policía.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar.
El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos, ha ratificado a Skaf en su cargo, señalando que no se puede perseguir a todo el que tenga uniforme. Además ha dicho que no importa el carácter del personal sino el contenido político de la dirección bajo la cual reviste, por lo que antes el personal respondía a un Estado represivo y ahora responde a un Estado social. Skaf tuvo responsabilidades directas en tareas de inteligencia, uno durante la dictadura y el otro en la actualidad.
Organismos de Derechos Humanos oficialistas y hasta el diputado de Barrios de Pie han reclamado la renuncia de Skaf, alegando que empaña la tarea de defensa de los derechos humanos que lleva adelante este gobierno. Semejante pronunciamiento es, cuando menos, ingenuo y fundamentalmente hipócrita.
A esto hay que agregar la aceptación, por parte de Urtubey, del represor Ferraris en la Corte, designado luego de las elecciones por Romero.
El actual jefe de la policía, Gerardo González, aseguró en relación con la D2, que "la misión de dicho departamento es procurar la información que tienda a desestabilizar el sistema y estructura del gobierno, fundamentalmente al funcionamiento de la policía" (DDN, 27/2). O sea que desarrolla espionaje interno, prohibido por la legislación vigente.
Es con este personal que el gobierno se propone, dice, construir un Estado social defensor de los derechos humanos.
El Partido Obrero exige el inmediato relevo de Skaf y Sandoval, la investigación y el castigo a los responsables del espionaje a la huelga docente del año pasado, la disolución de la D2 y la destitución de Ferraris en la Corte de Justicia.
