El viernes 10 se llevó adelante el debate de candidatos de la Ciudad organizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) sobre políticas habitacionales. Participaron Abrevaya (Surgen), Borthagaray (ECO), Ferreyra (ALBA), Lozano (Camino Popular), Vera (Bien Común), García (MST) y Ramal por el Frente de Izquierda. Llamó la atención la ausencia del PRO y de un candidato de peso del FPV. El debate giró en torno a la urbanización de las villas, los alquileres y el desarrollo urbano.

Respecto al derecho a la vivienda, Claudio Lozano propuso la “solidaridad inmobiliaria” que consiste en que el capital inmobiliario dedique el 10% de los metros construidos a la vivienda social. Ramal rechazó ese planteo por encubrir la entrega de la Ciudad a los especuladores a cambio de migajas. Lozano sólo atinó a contestar que las megaobras y el derecho a la vivienda no son incompatibles, una respuesta reveladora del núcleo de la orientación social del centroizquierda.

El planteo de Lozano justamente apunta a disimular el antagonismo de fondo que existe entre la especulación inmobiliaria y el derecho a vivir en la Ciudad. La valorización artificial del suelo -y por lo tanto de los alquileres-, que tiene como consecuencia el desarrollo de las megatorres, estadios y shoppings, termina expulsando a los trabajadores de la Ciudad o engrosando la población de las villas. De este modo se legitima al capital inmobiliario y a su política extorsiva: si no hay megatorre, no hay quien ponga la plata para vivienda; o sea, pretende “asociar” a los trabajadores sin techo al progreso de la especulación inmobiliaria. Tanto en la villa 31 como en la 21-24, detrás de la negativa a urbanizar se encuentran megaproyectos para extender Puerto Madero hacia el norte y el sur y la autopista ribereña.

Aunque los autores de esta curiosa “solidaridad” se presentan como portadores de “ideas nuevas para cambiar”, el planteo de Lozano es archirremanido. Por un lado, ha sido esgrimido por Scioli en la provincia, como coartada para la expansión de los countries. En el caso de la Ciudad, cada vez que el PRO privatiza tierras públicas lo hace a cambio de una “contraprestación social”. Incluso la más grande privatización de tierras de los últimos años -la entrega de las tierras ferroviarias de Liniers, Caballito y Palermo- fue contrabandeada a cambio de ceder otra porción de tierras -en Barracas- en favor del plan Procrear -en este caso, en un acuerdo entre el macrismo y los K. Lozano y Marea Popular han desnudado su negativa a plantear un desarrollo urbano antagónico con los intereses capitalistas. En oposición a este planteo de connivencia con los desarrolladores inmobiliarios, Ramal planteó la disolución de la Corporación del Sur, ejecutora de la privatización del suelo en esa zona de la Ciudad, para asumir al conjunto de sus tierras ociosas como patrimonio social, para un plan de urbanización de villas, construcción de viviendas y espacios públicos debatido democráticamente por trabajadores y vecinos.