Desde hace años, los presupuestos de la Provincia se aprueban casi sin debate y sin introducir enmiendas al enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura; se aprueban a libro cerrado.

Mientras el gobierno de Salta se queja de los fondos que recibe de la Nación en concepto de coparticipación, los intendentes hacen lo mismo con la coparticipación que corresponde a los municipios -el 15% de sus recursos.

Patria contratista

La estructura del Presupuesto 2007 reproduce un esquema que favorece a la llamada “patria contratista”, ya que por primera vez en la historia de la provincia los recursos destinados a obras públicas serán casi tantos como los asignados a educación. Mientras las partidas previstas para educación ascienden a 590 millones de pesos, las de obras públicas se aproximan a 485 millones, a lo que hay que añadir los recursos nacionales y los municipales en ese mismo rubro.

Según el gobierno, esta inyección de dinero para obras públicas permitirá crear 22.000 puestos de trabajo. Pero en realidad la casi totalidad de esos empleos serán precarios, transitorios y “en negro”.

La preferencia por la inversión en obra pública se manifiesta también en el sector salud: de los 330 millones de pesos asignados a esa área, 27 millones serán para obras públicas y equipamiento. En educación, 42 millones de pesos irán al mismo fin. Es decir que los salarios de los trabajadores seguirán por el suelo.

En los últimos cuatro años, por el “boom” de la minería la Provincia de Salta ha multiplicado su renta, aunque ese sector tributa “migajas” a la Provincia y al bolsillo de los salteños. La Provincia invirtió 67 millones de pesos en la construcción del Gasoducto de la Puna para aumentar las ganancias de las mineras, las que no aportaron una moneda para financiar esta obra. Para el año 2007 hay un Fondo de Promoción minera que supera los 20 millones de pesos. Estas empresas que exportan por 300 millones de pesos por año sólo aportan en concepto de canon y regalías un millón de pesos en ese período.

Todos estos grupos económicos, turísticos, agropecuarios y mineros tuvieron la oportunidad de cancelar deudas con la provincia utilizando títulos públicos que el Estado les reconoce al 150% de su valor nominal. A esto se suman los créditos fiscales que el próximo año se otorgarán a partir de los 27 millones de pesos (en 2006 se destino originalmente 8 millones), que pueden ser muchos más ya que el Ejecutivo tiene facultad de aumentarlos, tal como ocurrió en 2006.

Empresas subsidiadas

Los empresarios del transporte metropolitano se van a beneficiar con enormes subsidios que recibirán de Saeta. Las privatizadas Aguas de Salta y Edesa, que se benefician con los aumentos tarifarios y las obras financiadas por el Estado, sin ellas arriesgar un peso, van a recibir subsidios millonarios de la Provincia con la excusa de subsidiar a los indigentes. Miles de salteños seguirán sin contar con servicios esenciales como las cloacas, y padeciendo los cortes permanentes del agua.

El gobierno demostró que el trabajo en negro seguirá vigente, debido a que el presupuesto no contempla ninguna partida para la incorporación de los trabajadores con planes sociales que desempeñan tareas en dependencias oficiales. Pretende que hospitales y escuelas sigan funcionando gracias a los beneficiarios de planes y trabajadores precarizados.

En el 2007, la Provincia prevé la indexación de las partidas para financiar la obra pública pero no para salario. Los trabajadores estatales continúan con los salarios ampliamente superados por la inflación. Esto ocurre cuando gran parte de los recursos que recibe el Estado provincial proviene de los impuestos al consumo, o sea a los salarios, que la Nación coparticipa. Aunque son los que más se benefician con esta política, los grandes grupos económicos -minería e hidrocarburos- hacen un aporte insignificante.

Llamamos a las centrales sindicales y a los sindicatos a movilizarnos en contra de este Presupuesto, que es un arma de ataque contra los trabajadores.

 

Claudio Del Plá