También en la Universidad Nacional de Córdoba
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La elección del nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba se ha convertido en una cuestión de Estado. La Voz del Interior dedicó su editorial del lunes 4 al tema, para reclamar que las autoridades universitarias “no hesiten en recurrir a ese expediente” (la utilización de la fuerza pública). La Voz, sin embargo, llega a esta conclusión luego de reconocer que en la Universidad prolifera el clientelismo político, que hay una proscripción de los docentes, y que “las reivindicaciones de los estudiantes de izquierda de la Universidad de Córdoba liderados por el MST-Izquierda Unida y por el Partido Obrero… no carecen de fundamento”. El posible bloqueo a la Asamblea superó los límites provinciales y fue nota para La Nación y para Infobae.
Entre los que reclaman represión figura el dúo mejor posicionado para la sucesión del actual rector González, Carolina Scotto y Fidelio, auspiciados por la UCR, el PS y Juez, con el aval de Franja Morada, el MNR, La Bisagra (agrupación independiente centroizquierdista) y organismos de derechos humanos. Scotto viene del grupo “de las decanas”, considerado el sector “progresista”, y Fidelio es un desprendimiento del oficialismo.
Los diarios destacan que no es posible una repetición de lo que ocurre en la UBA, porque la izquierda “posee en la asamblea universitaria apenas unos siete del total de 228 consejeros habilitados para votar en la asamblea universitaria”, como si en la UBA hubiera una mayoría del claustro estudiantil. El planteo encubre el hecho de que la elección del nuevo rector está condicionada por la lucha entre camarillas y que esto contribuye decisivamente a la crisis abierta. El oficialismo está dividido y no ha acordado un candidato. La preocupación es que la movilización estudiantil empalme con una indefinición en la elección.
Una lucha estratégica
La elección del rector tiene un carácter estratégico para las camarillas porque está en juego el ordenamiento de los planes de estudio (un proyecto pretende dejarlos en manos del vicerrector), la acreditación de carreras en la Coneau, los negocios derivados (posgrados, carreras a distancias, ventas de servicios, etc.) y obviamente el manejo de un presupuesto de 400 millones de pesos.
También es una lucha estratégica para el movimiento docente y estudiantil, porque lo que está atrás de esto es también la aplicación a rajatabla de la Ley de Educación Superior, es decir, la privatización de la Universidad, la implementación de los cupos de ingreso, el ahogo presupuestario, la desvalorización de las carreras de grado, la colocación de la Universidad bajo el control del gran capital.
En un documento entregado a la Junta de Apelaciones, el Partido Obrero impugnó formalmente la Asamblea Universitaria, denunciando su carácter proscriptivo y su objetivo reaccionario, porque con ella se pretende avanzar en la violación de la autonomía universitaria y en la implementación de la Ley de Educación Superior.
En el documento presentado planteamos que “es imperioso que renuncien todos los decanos y los consejos, copados por representantes de intereses ajenos a la comunidad universitaria, para abrir un proceso de democratización, es decir, de reorganización de la Universidad de Córdoba.
“No se lo puede hacer con los viejos estatutos, ni mucho menos con la Asamblea convocada para el día sábado 16 de diciembre. Por lo cual se debe proceder inmediatamente a la convocatoria de elecciones directas de los asambleístas, con una nueva composición de claustros. Respetando un equilibrio entre los trabajadores universitarios y los estudiantes, esto es: nueve estudiantes, seis docentes y tres no docentes. Esta elección se debe hacer por facultad respetando el número de 18 asambleístas por unidad académica.
“En esta nueva asamblea se deben discutir, como puntos prioritarios, la defensa incondicional de la autonomía universitaria, el desconocimiento de la Ley de Educación Superior, la carrera docente y el reconocimiento de la ciudadanía universitaria para todos los docentes, la eliminación de todas las restricciones al estudio, la gratuidad de la enseñanza en el grado y el posgrado, y la implementación de órganos de gobierno respetando la misma proporcionalidad que los asambleístas por facultad.”
Con este programa rechazamos la Asamblea Universitaria y denunciamos que la represión reclamada está al servicio de la privatización de la Universidad.
