La ruptura de las negociaciones entre el gobierno y la patronal agraria revelan lo que Prensa Obrera señaló desde un comienzo: no estamos ante un "conflicto con el campo" sino ante una crisis de carácter general.

Antes de este nuevo quiebre del "diálogo", el gobierno le entregó varias concesiones al campo. Entre ellas, la liberación de las exportaciones de carne y de trigo, la elevación en el precio de exportación de la leche y el esquema de reintegros "diferenciados" para una parte de los productores. En ese tiempo, prometió también que accedería a la ansiada modificación de las retenciones móviles, a la que la patronal agraria condiciona el levantamiento de su protesta. Por caso, el nivel máximo de ese impuesto caería del 95 al 50% cuando la soja supere los 600 dólares, lo que rehabilitaría los negocios en los mercados sojeros de futuro. 

Ninguna de estas medidas es financiada por los pulpos exportadores, supermercados, la agro-industria o por los grandes propietarios de tierra, como sería una elevación de los impuestos a los primeros o la elevación del precio fiscal de la tierra a los segundos. El paquete será pagado por los consumidores con un mayor costo de vida. Para disimular políticamente este ‘arrugue’, el kirchnerismo está enviando a los piquetruchos, especialistas en fabricar cortinas de humo, a escrachar a los supermercados, precisamente los que más se han beneficiado con la política oficial.

Echar lastre sin que se note 

¿Por qué, sin embargo, continúa el choque del gobierno con la patronal agraria? Por una parte, porque se trata de medidas de corto vuelo, que anticipan nuevas crisis. Para evitar que la liberación de la exportación de carne reduzca la oferta interna, Moreno dispuso que los frigoríficos constituyan un stock o "encaje" del 75% de la producción, lo que ya provocó rechazo. Otras medidas dependen de que la caja del Estado pueda seguir desparramando subsidios.

El gobierno necesita también frenar el derrumbe de los títulos de deuda pública, porque significa fuga de capitales y suba de las tasas de interés. Pero, dice El Cronista (5/5), "de la continuidad de las retenciones depende el programa financiero del gobierno, en un cuadro donde la crisis mundial lo obligaría a vivir con lo propio". Si los Kirchner renuncian a las retenciones móviles enfrentarán una crisis fiscal y, si las mantienen, tendrán que vérselas con las puebladas del capital agrario. La parálisis oficial expresa una crisis de carácter general.

Los Kirchner también su debilitamiento político. "Después del campo -dice Clarín (6/5)-vendrían las protestas de otros sectores que también tienen problemas (y) en el país hay todavía muchos problemas por resolver". En medio de la tregua agraria, se declaró el sabotaje ‘sordo’ de los pulpos petroleros, que no quieren seguir vendiendo nafta y gas oil a los precios actuales. Para las tarifas eléctricas, "después del arreglo con el campo, vendrá un aumento del 15% para los clientes residenciales" (El Cronista, 6/5). Ante este cuadro, el gobierno está encerrado en su propia cuadratura del círculo: no sabe cómo "arreglar" con el campo y, a la vez, salir indemne para pilotear la crisis y la desorganización económica. Como consecuencia de la parálisis oficial, han vuelto a emerger las movilizaciones agrarias.

"Acuerdo Social"  

El impasse agrario se da en medio de una tenaz caída del salario y de una tensión obrera que los arreglos de Moyano y de Yasky no han podido resolver. Un síntoma de ello son las negociaciones paritarias mecánicas y metalúrgicas.

De cara a todas estas contradicciones, el gobierno quiere reflotar el "acuerdo social". Esperan embutir en el acuerdo las concesiones en favor del campo; la liberación parcial de los combustibles y tarifas, y un "ajuste fiscal" que permita levantar los precios de los bonos de la deuda pública. A este paquete explosivo, La Nación lo llama ‘plan antiinflacionario’ (3/5). El gobierno admitiría también otra devaluación de la moneda, que ya está en un nuevo piso.

El nuevo choque con el campo, sin embargo, coloca en crisis el "acuerdo" que quieren refrendar el 25 de mayo. Es que la patronal industrial de la UIA ya anunció que "no firma nada si no lo hacen también las entidades del campo". Es evidente que una gran parte de ella apoya la rebelión de la patronal agraria, y no solamente por ser sus proveedores. Detrás del "campo", esperan poder meter sus propias "reivindicaciones"; es decir, una mayor devaluación de la moneda y el freno a los reclamos salariales.   

La crisis abierta exige, más que nunca, una intervención propia de la clase obrera: por un aumento de emergencia, el doble aguinaldo en junio y la re apertura de las paritarias, por el 82% móvil para los jubilados, por la nacionalización del comercio exterior y del gran capital agrofinanciero, por la nacionalización de los pulpos energéticos para terminar con el desabastecimiento y los aumentos de tarifas, por la reestatización del transporte público y su gestión obrera integral, para reconstruir el sistema ferroviario. Por la apertura de los libros de los monopolios comerciales y alimentarios, bajo control obrero y popular.

Marcelo Ramal