06/03/2008 | 1028

Un secuestrador en la Secretaría de Seguridad

La “política de seguridad” de Jaque

Un informe de inteligencia policial sobre las actividades del Polo Obrero que dio a conocer el diario Los Andes, y las denuncias por genocidas contra varios funcionarios del Ministerio de Seguridad, han provocando una crisis en el gobierno de Jaque.

El gobierno kirchnerista en Mendoza no ha tenido empacho en entregar el Ministerio de Seguridad al Partido Demócrata, que apoyó a todas las dictaduras militares, en especial a la última. El ministro Aguinaga designó subsecretario de Seguridad a Carlos Rico, denunciado por los organismos de derechos humanos, junto a otros cuatro funcionarios, por participar en la represión ilegal. Junto a ellos volvieron viejos personajes de la mafia policial "depurados" hace algunos años. Jaque reservó los cargos en derechos humanos para dos abogados "garantistas" de una de sus listas colectoras llamada Polo Social.

La divulgación pública del espionaje contra el Polo Obrero y las denuncias de los organismos de derechos humanos contra el represor Rico han hecho estallar una crisis de proporciones. Es insostenible la presencia de Rico en el gobierno, y esto hace insostenible la presencia de Aguinaga y del Partido Demócrata, que lo defienden a capa y espada. También es insostenible la presencia de los abogados "derechohumanistas", Lavado y Salinas, en un ministerio plagado de genocidas que siguen con los métodos de la dictadura.

Jaque confirmó a todo el mundo en su cargo, en especial a Rico.

Esta crisis estalla en momentos en que la población comienza a constatar el fracaso de la principal promesa electoral de Jaque: bajar la inseguridad. Al contrario, la inseguridad aumentó considerablemente respecto de los primeros meses del año 2007, según los propios datos oficiales. Sí, en cambio, avanzó la cantidad de razzias en los barrios, la persecución a vendedores ambulantes y artesanos, el abuso en las comisarías. También se conocieron nuevos informes de inteligencia y amenazas a sectores en lucha (trabajadores de TAC y del ajo) y militantes populares (dos estudiantes de la Cepa).

En los últimos días los medios informaron de una nueva modalidad delictiva en el barrio Santa Teresita de Las Heras: los dueños son echados de sus casas por bandas armadas que luego las venden a bajo precio. La repercusión de estos hechos (que se vienen produciendo desde hace dos años sin que ningún medio los difundiera) llevó a Aguinaga a aconsejar a los vecinos que defiendan sus casas a tiros. El ministro de Jaque, que tiene bajo su mando una fuerza de 7.000 hombres armados hasta los dientes, les dice a las víctimas que se las arreglen como puedan. Los vecinos se preguntan quién va a garantizar que sobrevivan luego de llevar adelante sus consejos, si estas bandas operan con total impunidad por sus arreglos con la policía.

Dos políticas

Los organismos kirchneristas de derechos humanos y los abogados del Polo Social que ocupan cargos en el gobierno condenan la presencia de represores de la dictadura en el gobierno pero no se pronuncian en relación al espionaje actual sobre las organizaciones populares y al conjunto de la política de seguridad del gobierno kirchnerista en la provincia.

Las organizaciones de lucha han iniciado una campaña de acción contra la política represiva de Jaque y están poniendo en pie una coordinación que incluye a variadas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes, y la izquierda. Reclaman la renuncia de Aguinaga y de todos los jefes policiales responsables del espionaje, la destitución inmediata de Rico y los demás genocidas, la disolución de la Dirección de Inteligencia Criminal y todos los organismos de espionaje y represión contra el pueblo y denuncian los vínculos de la policía con el delito como la verdadera causa de la inseguridad.

Héctor Fresina

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