Los sidoristas revierten la derrota de los petroleros

Cuando faltaban apenas 48 horas para un nuevo aniversario del golpe militar derechista de 2002, el vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, anunció la nacionalización de uno de los principales pulpos capitalistas que operan en ese país: la siderúrgica Sidor, filial de Ternium-Techint.

Se trata de un verdadero bombazo político, porque la decisión emerge como consecuencia de una enorme lucha de los trabajadores de la empresa por su contrato colectivo y del largo impasse en que habían entrado las negociaciones obrero-patronales con la abierta injerencia del Estado. El domingo previo al anuncio, Chávez había advertido que no podía tolerar el espiral ascendente del conflicto, aunque no reconocía para nada el fracaso de las tentativas del gobierno para imponer salidas que los obreros rechazaron una y otra vez. Como reflejo del ascenso de la lucha, Chávez ahora se ha definido como "obrerista", aunque esta característica estuvo ausente en una pelea que lleva más de un año. De todos modos, la noticia de la nacionalización no estuvo acompañada de otros anuncios referidos a los reclamos laborales. No se trata solamente de los referidos a los salariales, que el sindicato (Sutiss) ya había bajado a cincuenta y tres bolívares por día de los ochenta originales, sino de uno fundamental, entre varios otros: la incorporación al convenio de los nueve mil obreros contratados.

Del conflicto sindical a la crisis política

A las pocas horas de la explosiva noticia, los voceros del gobierno atenuaron, sin embargo, el alcance de sus propósitos, al precisar que propondrían a Techint una asociación 60-20-20 entre el Estado, los jubilados y el pulpo (que ahora es de 60-20-20 a favor de Techint). El esquema reproduciría los acuerdos con las empresas petroleras que explotan la cuenca del Orinoco y los que el gobierno acaba de ofrecer a las cementeras. La propuesta deberá ser objeto de una negociación, y no solamente porque plantea la necesidad de un acuerdo sobre las indemnizaciones que se ha comprometido a pagar el Estado. También está en juego el marco gerencial, que ha quedado desahuciado, por sobre todas las cosas, como consecuencia del conflicto gremial. Al conflicto sindical se agrega ahora, entonces, el conflicto sobre los términos de la nueva asociación. Sidor pertenece a un pulpo que está integrado a nivel internacional y cuyo plan de negocios está articulado en función de esa condición; habría que ver si es compatible con una asociación con el Estado volcado a un programa intenso de obras públicas y vivienda. Por otra parte, el anuncio de la nacionalización, que es solamente parcial, no debería ser suficiente para que los obreros o los sindicatos admitan nuevas treguas. También en el caso de las cementeras el gobierno empezó con el anuncio de una nacionalización, que luego cambió por una asociación estratégica y que en la actualidad transita por las negociaciones sobre las modalidades de un acuerdo.

El estallido de las relaciones del chavismo con la patronal de Paolo Rocca deriva necesariamente hacia un conflicto internacional desde que Kirchner se declaró ‘protector’ de los intereses de la empresa ‘argentina’. Pero es difícil que Chávez quiera entrar en roces o peleas con los que dicen ser sus aliados, mientras se desarrolla la crisis con el uribismo colombiano y cuando en Bolivia se encuentra en marcha una operación internacional que apunta a ‘hacerle la cama’ a Evo Morales e infligir una derrota a las masas del altiplano y del llano. Se desprende de aquí que el proletariado de Venezuela se encuentra frente a una crisis en las cúpulas del poder económico y del poder político, incluso más aguda (y por eso con posibilidades aún más promisorias) que las que abrió hace seis años la derrota del golpe pinochetista –  lograda por la movilización popular y la división de la burguesía y de las fuerzas armadas. El desafío que debe enfrentar la clase obrera de Venezuela es si debe ir detrás de Chávez y el gobierno, en función de la semi-nacionalización que estaría pergeñando, o si puede y debe impulsar una orientación autónoma que le permita estructurarse políticamente como clase en el escenario venezolano.

Del convenio petrolero a la lucha de Sidor

El conflicto de Sidor alcanzó los niveles de una crisis política nacional porque nunca fue estrictamente obrero-patronal (es irónico y, aun más, ilustrativo, que la patronal de Techint venga a pagar ahora los platos rotos de su apoyo a la ingerencia estatal. Ahora, Rocca pide la "intervención constructiva" de Chávez para frenar la nacionalización en nombre de la "unidad latinoamericana"). El Estado participó activamente en dilatar el comienzo de las negociaciones a través del Ministerio de Trabajo, en función, en primer lugar, de una política para digitar direcciones sindicales adictas y regimentar finalmente a la Unión Nacional de Trabajadores, a la cual ha impedido estructurarse de mil maneras. Un intento similar con los trabajadores petroleros le dio algún resultado, recientemente, cuando consiguió que los sindicatos firmaran un convenio rechazado por las bases. 

La cuestión histórica de fondo que está planteada aquí es la oposición furiosa del nacionalismo burgués o pequeño burgués (y aun más si es militar) a la estructuración política independiente de la clase obrera. Por eso, aunque el gobierno bolivariano gasta abultadas sumas para asistir a las masas sin empleo, sin viviendas y carentes de educación y salud, al mismo tiempo se empeña en conservar intactas las condiciones de explotación de los obreros industriales -sea en términos de salarios como laborales. Los obreros contratados que trabajan para empresas tercerizadas superan holgadamente a los de planta estable, y la inmensa mayoría de los obreros araña en promedio el costo de una canasta familiar alimetaria. La dilatación de las negociaciones de los convenios laborales durante más de un año, en un país que tiene una inflación del 25 por ciento, constituye por sí misma una política de desvalorización de la fuerza de trabajo.  El chavismo idealiza las cooperativas de producción por las peores razones: porque desnaturaliza al obrero como clase, y porque descarga los problemas de la competencia sobre una masa que es a la vez propietaria y mano de obra. Allí donde la burocracia del Estado ha metido las manos en la gestión económica, la corrupción ha alcanzado niveles espectaculares.

Cuando todos los plazos legales para autorizar la declaración de conflicto hubieron vencido (hacia la tercera semana de febrero pasado), el gobierno intentó imponer a fuerza de amenazas un arbitraje a cargo del ministro de Trabajo, un ex militante de la corriente morenista. La dirección del sindicato rechazó el arbitraje, pero no lanzó una directiva de huelga sino que continuó negociando fuera de los términos legales. El ministro de Trabajo amenazó con aplicar el cumplimiento de servicios mínimos en términos tales que implicaban el trabajo continuo del 42 por ciento del personal, o sea que no se podían parar los hornos. En marzo, sin embargo, la presión obrera no hacía más que aumentar con manifestaciones callejeras y choques con la policía, lo que llevó a la dirección sindical a iniciar paros parciales – sin afectar los altos hornos. En esta fase, el gobierno ideó con la empresa la realización de un referendo en torno a la propuesta patronal, con la reserva de que un rechazo solamente implicaba la continuación del conflicto. El sindicato rechazó la extorsión y convocó a su propio referendo, que tanto el gobierno chavista como Techint advirtieron que desconocerían, el cual respaldó abrumadoramente la propuesta sindical. El frente único gobierno-Techint era, en última instancia, inconfundible. A esta altura, el Sutiss ya no reivindicaba 80 bolívares de aumento sino 53, mientras la empresa había subido sus 28 iniciales a 45 bolívares tramposos – a la Moyano (25 a la firma, 10 un año más tarde y otros diez al año siguiente). Todo indica que el impasse salarial pudrió en forma definitiva la negociación, porque ya había un acuerdo en el aumento a los jubilados y en la incorporación de 600 contratados. A esta altura del conflicto, el ministro de Trabajo y sus funcionarios habían sido reemplazados como semi-mediadores y semi-árbitros por el vicepresidente de la República. El operativo que había tenido éxito con los petroleros fracasaba en Sidor.

Se ha llegado a la crisis actual como consecuencia del fracaso total de la política regimentadora del gobierno con los sindicatos, incluso cuando la dirección sindical evitó ir a la huelga indefinida por el convenio, para la cual estaba legalmente habilitada al finalizar los plazos correspondientes. En el transcurso del conflicto, el gobernador chavista mandó a reprimir en dos oportunidades a los sidoristas movilizados.

La trampa de la nacionalización burguesa

En estos momentos desconocemos los entretelones de la situación que ha creado el anuncio contradictorio del gobierno (nacionalizo, nacionalizo en parte, discuto con Techint los términos de una asociación). Lo que nos parece claro es que el limbo de hecho en que ha quedado Sidor no debe servir de pretexto para nuevas treguas, ni mucho menos para aceptar la propuesta patronal (que ahora tendría el edulcorante de la semi-nacionalización). (Mas aún cuando el gobierno mantiene sin renovar desde hace dos años el convenio de los estatales.) Creemos que hay que exigir que el Estado apruebe el pliego de convenio original del sindicato (ahora con mayor razón puesto que una empresa nacionalizada no debería basarse en la superexplotación y el pauperismo), y que se elija un comité obrero, responsable ante la asamblea, para negociar las condiciones de la nacionalización -que debería ser integral y bajo el control obrero. Si la justificación económica de una nacionalización es la necesidad de asegurar el abastecimiento para la construcción de viviendas, remodelación de barrios y realización de obras públicas, el rol del control obrero es insustituible, porque es el único que puede asegurar que las prioridades favorezcan al pueblo y que se cumplan los objetivos.

La corriente clasista del sindicalismo venezolano, C-Cura, se encuentra ahora dividida, pues un sector de ella decidió ingresar al PSUV, que es funcional a la regimentación del movimiento obrero, en tanto que otra reafirmó una posición autónoma e incluso la necesidad de formar un partido independiente. La C-Cura fue campeona, en todo momento y por parte de todas sus corrientes, de la nacionalización de Sidor, incluso sin indemnización. Ahora enfrenta el desafío de enfrentar una nacionalización burguesa o una semi-nacionalización o asociación con el capital privado, que en todas estas modalidades apunta a reforzar la explotación de los trabajadores y cancelar su independencia de clase.

La experiencia que se inicia podría se el bautismo de fuego para que el proletariado de Venezuela comience el camino que lo lleve a un gobierno obrero y de los trabajadores. Por este mismo motivo, el debate sobre la nacionalización de Sidor debe extenderse a todo el movimiento obrero, pero especialmente a los trabajadores petroleros, del aluminio y la electricidad, que ya viven una experiencia estatista manejada por una burocracia anti-obrera. Y a los obreros de las cementeras, que enfrentan la misma situación. De todo esto debería salir una gran UNT y un fuerte proletariado con conciencia socialista.

Jorge Altamira