El 27 de marzo, a las 19,30 horas fue encontrado Gastón, de 12 años, estrangulado y atado a una siLla. Desde entonces se han realizado dos movilizaciones de casi un millar de personas. Para los pobladores de Chivilcoy, el asesinato impune de Gastón no es sino uno más de una larga lista. El más reciente, el “caso Rojas”, un chico de 7 años violado y ahogado en una pileta. Antes, “un peón de campo que apareció acribillado a balazos a la vera de un camino vecinal” (Crónica, 5/4) y otros crímenes nunca esclarecidos. Las acusaciones de la población, como antes en Tres Arroyos, se dirigen hacia la policia provincial. Del asesinato del pibe Rojas fue culpado un jóven de 17 años liberado luego de acusar a la policia de haberlo torturado para que confesara. “Acá todo se arregla con coima. Si tenés guita, te salvás, si no te morís. Te lo digo porque a mi me mataron un hermano”, denunció uno de los vecinos movilizados (Página 12, 3/4).

Chivilcoy es un espejo de la provincia de Buenos Aires. Tres años atrás, en Tres Arroyos, frente al asesinato impune de la niña Nair Mustafá y la corrupción de la jerarquía policial, el pueblo también tomo el camino de la acción directa para defender sus derechos.

Al resolver movilizarse mediante las “marchas del silencio” que nacieron frente al crimen de María Soledad, los pobladores de Chivilcoy —como luego los de Lugano o Budge— comienzan a recorrer un camino de lucha contra la corrupción y la connivencia con los grandes delincuentes que es propia del Estado capitalista y sus “cuerpos armados”.

“La mejor policía del mundo”

Los culpables de esta situación pretenden distraer a la opinión pública de las verdaderas causas de la inseguridad colectiva. Para el gobernador Duhalde la solución es tener “la mejor policia del mundo”, por lo cual ha reforzado al aparato represivo. Una ley lo autoriza a “un endeudamiento de 110 millones de dólares para la compra de equipos de comunicación de la Policia, con la empresa Alcatel/Sofremi” (la misma que trató de armar el “negocio” de los nuevos DNI con el ex ministro del Interior, Mera Figueroa), a lo que se suma “la compra de 1.000 automóviles Monza y 400 pickups… 1.300 camiones antimotines … 40 helicópteros (y) un pedido de compra de 14.000 pistolas Astra” todo con el mismo destino, la policia provincial (Noticias, 4/4).

“No se permitirá más, en el Gran Buenos Aires, la ley de la selva por la que se ocupan terrenos … la policia provincial fue instruída para que de aquí en más no se permitan nuevos asentamiento poblacionales”, declaró Duhalde dos meses atrás (La Nueva Provincia, 28/1). Está en estudio una “ley de familia” que incorpore “una legislación acorde con los tiempos que vivimos… ante la violencia juvenil” y la “reforma al Código de Procedimientos Penal” (Mercuri, a la Nueva Provincia, 13/2).

También se preveé “reemplazar el actual sistema de comisarías por uno de patrullaje permanente” (Duhalde, ídem). Así se desprotege al trabajador y a su familia frente a un aparato armado que apela al “gatillo fácil” en las barriadas obreras y encubre a los grandes delincuentes. La indignación popular no se equivoca al señalar a la “maffia” policial que lucra con el juego, la prostitución, el tráfico de drogas, la “piratería del asfalto” y otros “yeites”.

El Estado burgués, incluída su “democracia”, es la base social de la delincuencia y la inseguridad. La movilización por la condena a los asesinos y represores de las barriadas obreras, por la investigación popular e independiente de la “maffia” policial y todas sus ramificaciones es el único camino a recorrer para terminar con la inseguridad colectiva.