Cisneros, una ofrenda a la ciudad de Ibarra y Kirchner

La boca, parque avellaneda, san telmo, paternal

Martín Cisneros, el militante de la FTV de la Boca, lideró la ocupación de una casa ociosa para la instalación de un comedor popular. Esa casa había estado bajo el control de un grupo de “narcos”, al que pertenecía el detenido Juan Carlos Duarte. Al mismo tiempo, ejercían la “custodia” de la propiedad, a cuenta de alguno de los pulpos inmobiliarios de La Boca y San Telmo. Duarte ejercitaba esta doble función –“transa” de droga y “control de casas”– en directa “conexión” con la comisaría 24ª.


Desde el 2001, comenzó un feroz acaparamiento de viviendas y terrenos, acicateado por las “oportunidades de negocios” abiertas con la devaluación. Esta voracidad no solamente ha dado cuenta de viviendas ociosas, sino que también dejó en la calle a miles de inquilinos –precarios o no– y deudores hipotecarios.


Contra los comedores populares


Los movimientos piqueteros y las asambleas que vienen ocupando predios ociosos y organizando en ellos comedores populares, han sido los grandes enemigos de este accionar mafioso. El comedor es un factor de organización y resistencia a los desalojos. Por eso, los pulpos capitalistas y su Estado les declararon la guerra. En la trastienda de los Duarte y otros malvivientes opera todo el peso represivo del Estado, comenzando por el gobierno “progresista” de la Ciudad. En marzo pasado, una casa recuperada por el Polo Obrero de Paternal –donde funcionaba un comedor– fue violentamente desalojada para “devolvérsela” a los dueños quebrados de un bar prostibulario. Semanas atrás, “La Alameda” del Parque Avellaneda fue allanada por cuenta y orden de la Liga de Rematadores. En La Boca, y a sólo media cuadra de donde mataron a Cisneros, el MTL acaba de ser desalojado de un comedor. (Precisamente, fueron militantes del MTL –que realizaban un acampe en esa esquina– quienes denunciaron que la estricta vigilancia policial que soportaban desde el día del desalojo “desapareció” en el instante mismo en que llegaron los verdugos de Cisneros.)


Mientras tanto, el gobierno de Ibarra ha resuelto “no autorizar” comedores que funcionen en viviendas “ocupadas”, en lo que constituye un claro guiño al accionar represivo –y cada vez más brutal– de la Policía y de los oficiales de justicia.


El asesinato del militante de la FTV revela, en definitiva, cuál es la catadura de los intereses sociales que, cotidianamente golpean a los explotados porteños: detrás de la red delictiva del narcotráfico y de la Policía están los intereses capitalistas del acaparamiento del suelo, con “su” gobierno y “su” Justicia respaldando al crimen de arriba y la expulsión de la ciudad de los de abajo.

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