La liberación de Coppola

El ‘affaire’ Coppola, al que La Nación (16/01) vincula a la “prostitución, la corrupción de menores y el consumo de drogas”, no termina con su liberación “por falta de mérito”.


El propio reo, ahora en libertad, intentó cubrir rápidamente sus espaldas: “Yo no era el objetivo de esta historia. El objetivo era más grande —dijo—, pero antes de decirlo prefiero analizarlo con mis abogados y poner la pelota en el piso” (Crónica, 15/1). “Por ahí se ha querido rozar con esta historia a alguien importante, muy importante” (Río Negro, 15/1), reforzó Coppola, quien aseguró que “esta historia continúa” (ídem).


La ‘Operación Cielorraso’, con la que comenzó el caso Coppola, cayó, así, encima de sus mentores y ha abierto una nueva crisis política.


Efectivamente, la trama del ‘narco-Vip’ está vinculada con la guerra de internas entre Menem y Duhalde, a partir de la relación de Coppola con Ramón Hernández, secretario privado de Menem, y del intento del duhaldismo de contrarrestar la campaña contra la acción delictiva y la corrupción de la policía bonaerense, de la que se hicieron eco profusamente los medios, impulsada por el menemismo.


Las repercusiones del caso Coppola han “ahondado la crisis institucional” (El Economista, 24/01). La Nación señala en un editorial que “las imputaciones al juez Bernasconi y a sus colaboradores policiales, que habrían fraguado las pruebas necesarias para llevar a prisión al empresario deportivo, sumen a la comunidad en el más profundo desconcierto”(15/1). El diario se pregunta: “¿Cómo es posible que Guillermo Coppola haya permanecido 97 días en la cárcel, sospechado de mantener conexiones con el narcotráfico, y que un simple cambio de juez haya determinado su inmediata liberación por falta de mérito?” (ídem).


El Economista (24/01) advierte sobre las “secuelas del caso Coppola”. “Un contundente 80,9 por ciento de la población cree que Coppola es culpable de los delitos que se le imputan”; “un 49,6 de los encuestados está seguro de que la sentencia de Liporace respondió a presiones del poder político; un 60,3 juzga negativo el papel jugado por el poder judicial” y un 51,6 que se actuó con un “elevado nivel de corrupción”.


Conspiración delictiva


El ‘caso Coppola’ desplegó ante la opinión pública el carácter conspirador del Estado capitalista y la absoluta impunidad de sus acciones.


El juez federal Cavallo, que tiene actualmente la responsabilidad de la causa, declaró que “nunca en la vida he visto algo parecido” (La Nación, 20/12).


Al referirse al ‘grupo’ que conformaban Bernasconi, el secretario del juzgado de Dolores (hoy procesado) y los tres canas ‘encubiertos’ que trabajaban para ellos (hoy entre rejas), el juez Cavallo señaló que se “valían de la condición de funcionarios públicos para encubrir sus propios actos e involucrar a sus personajes (…) con hechos ilícitos. Se controló una parte importante del aparato estatal de persecución —reconoce el juez— dirigido arbitrariamente e ilegalmente sobre sus ciudadanos” (ídem).


Este “aparato de persecución estatal” tenía un ‘pacto de honor’. Así lo expresó un tal Parini, ex cana devenido en asistente legal de los policías presos, quien reconoció que “mis compañeros facilitaron drogas, pero esa droga era sacada de la caja fuerte del juzgado de Dolores y fue el propio Bernasconi el que se las dio” (ídem). Así, este ‘grupo de elite’, ‘fabricaba’ pruebas, apretaba testigos, difundía escuchas telefónicas supuestamente realizadas por orden judicial, y era responsable, entre otras ‘bondades’, de encubrimiento, falso testimonio y elaboración de documentaciones adulteradas.


Resulta evidente que todo saltó por el aire, por ahora, porque Duhalde y “su aparato de persecución estatal” se enfrentaron a una mafia y un “aparato de persecución estatal” (la de Menem), circunstancialmente más fuerte.