La tremenda indignación expresada en la multitud que fue a acompañar los restos de la docente de 25 años que fuera asaltada y golpeada contra el andén de la estación Paso del Rey, ha sido sobre todo una expresión de repudio popular frente a la desidia y el cinismo que emana de la acción gubernamental.

 

La reacción frente a esta nueva muerte en los andenes ferroviarios revela el cuadro de descomposición social agudo que recorre el conurbano bonaerense, del que el “chorreo” es apenas una consecuencia y los “punguistas”, otras víctimas también, de la desesperación social, acicateados por la falta de trabajo, las maffias que rodean los “palacios municipales” y la propia “policía brava”.

 

Paso del Rey es una estación “fantasma”, construída originalmente como un “apeadero”, ha sido mantenida desde entonces con sus estructuras de madera desvencijada a pesar del impresionante “dormitorio obrero” que se desenvolvió en torno suyo. Con la “privatización” de los FF.CC. se denunció el proyecto de levantamiento de la estación, lo que motivó grandes reclamos en la zona. La estación se mantuvo pero su deterioro, igual que la de los vagones que recorren las líneas férreas, han transformado al FF.CC. suburbano en un transporte “público” propio de animales para hacienda… y para el matadero. Por eso no es casual esta nueva muerte. Vagones cuyas puertas, vidrios, asientos, luces, en un 80% están rotos; en los que ascender es una “proeza” de atletas… para el salto y la conquista de… un asiento en un viaje de por lo menos una hora. Después de la última gran huelga y los masivos despidos de trabajadores “fraternales” la frecuencia de los trenes tuvo una disminución brutal, y se cortó el servicio durante la noche (condición que pusieron los “privatizadores”). Todo lo anterior entonces se potenció a extremos insoportables. Los “punguistas” aparecen como los responsables inmediatos, pero son apenas la cara oculta del cuerpo de un “delito social”, cuya identidad hay que buscar en la clase capitalista y en el régimen social que dirige.

 

Alejandra murió casi 48 horas después del accidente. Lo que sucedió durante ese período retrata ahora el carácter criminal, no la conducta individual de un funcionario o un empleado, sino los procedimientos “normales” de la clase que gobierna la sociedad frente a problemas como el de la asistencia pública. Todos los relatos coinciden que en el Hospital Municipal de Moreno Alejandra no recibió buena atención médica. Primero denunciaron los familiares, “perdían el tiempo preguntándose que obra social tenía Alejandra” (Clarín, 19/3). Por otro lado la guardia no contaba con neurólogo porque se acababa de dejar cesante al equipo quirúrgico de ese día “por razones presupuestarias”, a lo que se suma la falta de un tomógrafo en el único hospital zonal, que para estos menesteres subcontrata servicios privados. Como se puede apreciar “la pérdida de tiempo” no está dictada por una “negligencia individual” sino por un riguroso “orden social”.

 

Cuando la noticia gana la tapa de los diarios capitalinos, el intendente Asseff, un ex-procesista hoy íntimo de Duhalde y Menem, declara que la Comuna “no tiene ningua responsabilidad”, pero decide intervenir el hospital y declara sin desparpajo: “un tomógrafo cuesta 500.000 dólares y no se justifica gastarlos cuando tenemos uno a 5 kilómetros en Merlo”.

 

“Lo ocurrido —dice “La Oponión” de Moreno— marca prácticamente el final para nuestro hospital; es como la gota que rebalsa y, aunque todo estuvo comentado anticipadamente, las consecuencias saltan a la vista debido a la inacción oficial” (19/3). “Para ud.” , de la misma localidad, dice que “queda absolutamente claro que la intervención es una maniobra distractiva” (26/3).

 

El Partido Obrero de Moreno ha lanzado una agitación para imponer el juicio y castigo a los verdaderos culpables. Los gremios que tienen directa incidencia en el caso, el Suteba y ATE zonales, que se reclaman combativos, tienen el deber de pronunciarse.