La historia de la familia Bru es emblemática. En 1990 el padre, chofer de colectivo, fue echado de la línea en que trabajaba y tuvieron que ir a vivir a una casa precaria. Miguel, estudiante de periodismo, para poder vivir en forma independiente, tuvo que ocupar una casa junto a un amigo en uno de los barrios considerados ‘marginales’, sometidos al control mafioso de la Bonaerense. Una patota de policías comenzó a allanar su nueva vivienda con la excusa de buscar drogas e impedir los ensayos de una banda de rock formada por él.

¿Cuál fue el ‘crimen’ de Miguel Bru? Haber formulado una denuncia por allanamiento ilegal y abuso de autoridad ante la Fiscalía. Tres meses después, el 17 de agosto de 1993, Miguel fue visto por última vez. Todos los datos indican que fue torturado hasta la muerte en la comisaría 9ª de La Plata y que la policía ocultó su cuerpo.

Lo que le ocurrió a Miguel le puede ocurrir a cualquier joven de una familia trabajadora, porque la tortura es la ley en las seccionales, no hablemos en los penales. Como plantearon abiertamente los policías asesinos de Cristian Campos en Mar del Plata: “los aprietes son comunes, se requiere de un mínimo de procedimientos a realizar en el día y de esta forma conseguimos datos” (Clarín, 21/10/97).

El juicio no indaga ni juzga la tenebrosa red que se armó para encubrir el asesinato. Para probar el delito se cuenta con testimonios de testigos aterrorizados por el temor a una ‘vendeta’ policial (que pueden cambiar su alegato en cualquier momento) y una pericia caligráfica del libro de entradas de la seccional que prueba que el nombre de Miguel Bru fue borrado. Esta es, a esta altura, la única prueba que se considera concluyente. Los primeros testigos fueron convocados dos años después del hecho, la reconstrucción del crimen se hizo recién ahora, los detenidos que vieron el calvario de Miguel Bru fueron amenazados y trasladados a otros centros (uno de ellos, López Suarzo, “según la policía murió en un enfrentamiento. (Este) que también vio cómo torturaban al joven, había gritado para que dejaran de hacerlo”, (Página 12, 30/4), las ventanas de las celdas habrían sido tapiadas para invalidar el testimonio de los presos. De este modo, es casi imposible “la obtención de pruebas —hasta los peritajes sobre la escritura— que debieron recogerse cuando estaban frescas” (La Nación, 30/4).

El ex juez Amílcar Vara patrocinó este encubrimiento consciente (como el del asesinato del obrero Andrés Núñez, en las mismas circunstancias que Bru, sólo que tres años antes), con el silencio cómplice de la Legislatura, las Cámaras y la Suprema Corte bonaerenses. Amílcar Vara fue destituido como juez varios años después de estos crímenes, vive una vejez tranquila y bien alimentada, pero es sólo un pequeño engranaje de la red. La prolongación durante años de los procesos convierte a crímenes que harían saltar por los aires todo un sistema de encubrimiento social y político, en hechos penales sin mayor importancia. En el ínterin, juega la prescripción de la causa como ocurrió en el caso del obrero Núñez, donde la Cámara de Apelaciones en lo Criminal declaró prescripta la acción penal contra 11 policías implicados a ocho años del hecho (quedan sólo dos procesados que, de todos modos, están prófugos).

La impunidad es el sistema. El castigo penal a dos asesinos patológicos (éste es el caso de los policías Abrigo y López, torturadores de Miguel Bru) es en definitiva un acto de encubrimiento del régimen social y político que permite estos crímenes y la libertad de los encubridores que los apañan.