Perpetua para Velaztiqui

El sábado 29 de junio, a las 18 horas, partirá de la esquina de Bahía Blanca y Gaona la marcha que recorrerá el barrio de Floresta para reclamar justicia por el asesinato de Maximiliano Tasca, Christian Gómez y Adrián Matassa. Se cumplirán 6 meses del crimen de los tres jóvenes a manos de Velaztiqui, un policía “retirado”, contratado-“tercerizado” por la Comisaría 43ª, para hacer de custodia privada de una estación de servicio. Velaztiqui los mató a sangre fría al escuchar que los pibes venían de un “cacerolazo” en el barrio.


Esta marcha no es una más.


A seis meses del crimen, aún no se ha iniciado el juicio a Velaztiqui. Según Clarín, está siendo procesado por “homicidio simple”, lo que implica una pena de entre 8 y 25 años de cárcel, cuando en realidad corresponde que sea juzgado por “homicidio calificado por haberse cometido con alevosía”, en cuyo caso le correspondería la prisión perpetua.


Tampoco han sido removidos de sus cargos los jefes de la Policía Federal, ni los de la Comisaría 43ª, que dieron las órdenes de represión a las movilizaciones de la juventud y los vecinos de Floresta en repudio al asesinato de los pibes.


No más “Velaztiquis”


Pero, la coyuntura hace aún más importante el curso de la lucha por los pibes de Floresta. Las fuerzas represivas están incorporando masivamente a nuevos Velaztiqui. El secretario de Seguridad del gobierno duhaldista, J. J. Alvarez, declaró: “En los últimos días hemos agregado mil integrantes a la Gendarmería… y 410 a la Prefectura” (Diario Popular, 7/6). Las “fuerzas de seguridad” ya tienen más de 15 mil hombres en las calles “y la intención es incrementar la capacidad operativa con 3 mil hombres más”, informó Alvarez (ídem). Giacomino, de la Gendarmería, informó que “el nuevo programa de seguridad se cumplirá mediante la ‘convocatoria a policías retirados en los últimos años’” (ídem). Estos formarán “parejas” para “que los más experimentados les enseñen a los nuevos” (ídem).


Diez días después, Clarín (16/6) informó que se incorporarán “cada semana, durante dos meses y medio, 200 policías”. En total “serán 2 mil efectivos que se suman a los 3 mil de Policía, Gendarmería y Prefectura Naval que ya trabajan desde hace más de 20 días”. Se trata del “desembarco de unos 2.000 uniformados que estaban retirados y están siendo reincorporados a la Policía Federal”. Significa la creación de “una comisaría cada 7 días”. Miles de nuevos Velaztiqui.


Un Estado policial


Pero esto no es una “emergencia”.


Según Alvarez “la clave para que el plan funcione es que la masividad de la presencia policial pueda mantenerse en el tiempo”. Marchamos hacia un mayor Estado policial, cuyo objetivo esencial es enfrentar la protesta social.


Alvarez ha declarado “que no se va a permitir el corte simultáneo de todos los accesos a la Capital en el marco de las protestas de piqueteros y desocupados” (Clarín, 16/6). Efectivamente, la Gendarmería está tomando posiciones de “control” en las autopistas y vías de acceso a la Capital. Según Miranda, otro jefe de la Gendarmería, “la identificación de personas se hará más intensa”, esperando “que la gente se acostumbre a portar el DNI”, como en la época de la dictadura (La Nación, 2/6). Ya los resultados están a la vista: “en la última semana se detuvo a 37 inmigrantes ilegales”, dijo el jefe gendarme.


Otro “proyecto que contemplan las fuerzas de seguridad… motivará controversias”, dice el periodista de La Nación. Se refiere a la identificación de “quienes salgan y entren en villas de emergencia y asentamientos considerados de alto riesgo”. Se trata de transformar a las villas en “ghettos”, campos de concentración, bajo control policial, para bloquear la creciente organización piquetera de las mismas. El pueblo debe morirse de hambre en silencio, sin protestar. Una prueba de este “control” es el brutal desalojo sufrido por los vecinos del asentamiento Soledad Corrales de Villa Fiorito la semana pasada (ver PO, 13/6). Y las amenazas de “cercar” a la Villa 31 de Retiro.


En el gobierno se ha instalado una polémica sobre cómo prepararse para enfrentar los próximos alzamientos populares: “Muchas voces en el Gobierno prevén una mayor tensión social a futuro, consecuencia del ajuste fiscal que deben hacer la Nación y las provincias en el marco de la negociación financiera con el FMI” (Clarín, 7/6). Dicho diario reconoce que “diversos gobernadores y banqueros” exigen medidas para “contener la protesta social”, frente a los cortes de ruta de los piqueteros y las manifestaciones de los ahorristas contra el “corralito”. Algunos propusieron la unificación del Ministerio de Defensa con la Secretaría de Seguridad, lo que significaría el ingreso liso y llano del Ejército a la represión. Negado – por el momento – “voceros de la Federal dijeron que se incrementarán las frecuencias de salida de los efectivos de los cuerpos que dependen de la Dirección General de Orden Urbano, como la Policía Montada, la división Perros y la Guardia de Infantería, que podría recibir un flujo de hombres de refuerzo” a través de un “convenio firmado por la Policía Federal y el Ejército, que prevé el ingreso en la fuerza de seguridad de soldados voluntarios que hayan llegado al límite de actividad” (La Nación, 2/6).


En un seminario organizado por el Estado Mayor Conjunto se “planteó el rechazo a la separación entre inteligencia externa e interna para… combatir el terrorismo” (Página/12, 20/6).


Un plenario realizado entre ministros, jefes de las fuerzas de seguridad, el procurador general de la Nación, Becerra, y varios fiscales, resolvió “judicializar” las protestas sociales. Es decir, detener y someter a proceso a los participantes en medidas de acción directa. “El gobierno ya cuenta con un elemento que carecía hace unos meses: el apoyo del Poder Judicial, sin cuya orden expresa es imposible realizar desalojos o represiones” (La Nación, 20/6).


Fuera los represores


Ya se nota el incremento de la intimidación. Las Asambleas Populares han denunciado “aprietes y acosos de la policía” (Página/12, 1/6). Integrantes de la Asamblea del barrio de Saavedra han sido reiteradamente detenidos para “solicitarles” documentos; se les prohíbe distribuir volantes “en la vía pública” (¿?). Situaciones similares vivieron miembros de la Asamblea de Palermo antes de una marcha.


Hay un incremento de la acción parapolicial: amenazas telefónicas e intimidaciones a integrantes de las Asambleas Populares; el secuestro y tortura de un joven estudiante del Colegio Mariano Moreno, en lucha por el boleto estudiantil.


Por eso es fundamental participar masivamente en la marcha del 29. Reclamar no sólo la perpetua para Velaztiqui y el juicio y castigo para los oficiales responsables de la represión al pueblo de Floresta, sino también el rechazo al traspaso de la Policía Federal a la Capital, y la disolución de las fuerzas represivas. Contra el Estado policial y represivo, por una fuerza de seguridad autónoma de la Ciudad, reclutada entre los vecinos, trabajadores, Asambleas Populares y organismos de derechos humanos.


Contra la “judicialización” de la protesta popular. Cese de los juicios a los luchadores. Libertad a Castells y a todos los compañeros.


Convirtamos la marcha del 29 en una gran manifestación democrática, contra el accionar represivo de este régimen antiobrero. Que se vayan todos: ¡Asamblea Popular Constituyente!