En un reciente plenario de la Coordinadora de Secundarios, una abogada de la Correpi pretendió sorprender a los jóvenes allí presentes con el argumento de que la consigna del movimiento secundario, “Cárcel, juicio y perpetua a todos los culpables”, era inviable, porque no estaba contemplada en el código penal. La Correpi no levantó, sin embargo, la consigna que se derivaba de los planteos de la abogada, 25 años de cárcel, durante las manifestaciones por Bulacio, sino otra muy diferente, “Por Wálter, Choque y los otros”, que omite toda referencia a la lucha contra los aparatos represivos y contra el Estado, y que se emparenta más con la lacrimogenia hipócrita del centroizquierda. Sin embargo, de la lectura del código penal surge que a la abogada hay que retirarle el título, y que incluso sus disposiciones pueden ser útiles para luchar contra el Estado capitalista.

La prisión perpetua corresponde para los casos de homicidio calificado contemplados en el artículo 80 del Código Penal.

Entre estos casos de agravamiento figuran el ensañamiento y la alevosía, el odio racial, la acción concertada de dos o más personas, así como también el asesinato para asegurar la impunidad o para facilitar, ocultar o cometer otro delito.

Los casos de ‘gatillo fácil’ están caratulados en su mayoría como “homicidio simple”. Sin embargo, un examen detenido revela que —mayoritariamente— se encuadran en la modalidad del asesinato agravado.

Víctor Choque fue muerto por la acción concertada de dos o más personas que dispararon sus armas reglamentarias. Los pibes de Budge, Dock Sud, Christian Campos y tantos otros, fueron fusilados —según testigos y vecinos— por ser “negro y de pelo largo”, configurando un odio de clase fascista. La investigación del caso Carrasco demostró que se lo dejó morir desangrándose para ocultar la brutal golpiza inicial. El pobre nutriero de Dolores fue asesinado para robarle el fruto de su trabajo.

Esto revela que bajo el  ‘gatillo fácil’ no existe el “homicidio simple”. Se trata, necesariamente, de una acción concertada. ¿O acaso Wálter Bulacio no murió por la falta de atención originada en ocultar la fajada previa? ¿Y el chico incinerado en Mar del Plata para borrar las pruebas?

Para los sectores ‘progresistas’ y del centroizquierda la condena por homicidio, a secas, constituye un triunfo ‘posible’. Según este enfoque la perpetua estaría imposibilitada por problemas ‘técnicos’  del ‘encuadramiento jurídico’.

Efectivamente, la justicia, al calificar de “simple” el crimen, borra la principal de las huellas: la acción de encubrimiento y concertación que está detrás del asesinato.

Pero la conducta  de adaptarse o no denunciar ante la sociedad este hecho es una forma de consentir. A esto se suma que este ‘posibilismo’ implica —nada menos— que el asesino salga en pocos años en libertad condicional, algo que no permite el homicidio agravado.

La falta de aplicación del agravante no es un problema técnico. La burguesía —que se dice ‘horrorizada’  y lloriquea en sus editoriales por estos crímenes— no quiere —en la práctica— condenas severas, porque esto resquebrajaría el aparato represivo. Para convertir al país en un gran convenio Fiat-Smata, hacen falta los policías.

El fondo de todo este debate destaca la justeza del planteo de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios exigiendo perpetua. No se trata de un ‘delirio juvenil’, responde a la más estricta realidad.

Pero la misma realidad revela que para imponer esta justa reivindicación no basta lo que diga, o deje de decir, el código penal. Hace falta lucha, organización, movilización de masas. Y, sobre todo, ni un ápice de confianza en las lágrimas de cocodrilo de burgueses y centroizquierdistas.