Desde que comenzó la represión a los piqueteros salteños, la orientación “oficial” ha consistido en culpar a los luchadores de las muertes causadas en el curso del día domingo 17. Pero aún cuando las pericias médicas han confirmado que los muertos y heridos fueron baleados por municiones de alto calibre (sólo disponibles para la fuerza de la represión), el gobierno y la justicia insisten en cargar la responsabilidad por las muertes de los pobladores sobre los propios piqueteros.

El antecedente inmediato lo constituye la causa del homicidio del trabajador salteño Aníbal Verón, profusamente citada por el juez Cornejo al dictar la prisión preventiva contra José Barraza. En los fundamentos de esa causa, se citan los “serios episodios delictivos que vienen conmoviendo al Departamento San Martín”, donde “un grupo de personas se organizó para actuar en forma deliberada y consciente en contraposición al Art. 22, de la Constitución (que dispone que) ‘el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes’”. En suma: si los piqueteros recurren a la democracia directa, es decir, a la movilización, y la gendarmería los reprime, los muertos y heridos deben cargarse… en el haber de los luchadores.

Esta “doctrina” es, en realidad, una de las piedras angulares del Estado policial, ya que tiene sus antecedentes en un célebre caso de gatillo fácil: el de la muerte del joven Sergio Schiavini en un bar de Lomas de Zamora. Allí, la policía repelió brutalmente un asalto, causando la muerte de Schiavini. Los ladrones, sin embargo, cargan con un proceso por … “homicidio en primer grado”, es decir, por haber “desencadenado” la represión policial.

Ahora, Cornejo-Mestre-Mathov se aprestan a aplicarle esta “doctrina” a los piqueteros salteños, para los casos de los dos compañeros muertos el domingo 17. Desenmascarar esta miserable provocación jurídica y política es una causa elemental de la democracia.