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26 de julio de 2012 | #1232

Acabar con la impunidad

La provincia de Salta ha sido conmovida en estas semanas. Primero, por la aparición sin vida de Yanina Nüesch y de Luján Peñalva, luego por la aparición de un video donde se vea policías que torturan -incluso, mediante el “submarino seco”- a dos jóvenes en una comisaría de Güemes.

Luján y Yanina

Las dos jovencitas ,halladas sin vida la tarde del lunes 16, habían desaparecido el sábado anterior. Como consecuencia de ello, sus padres iniciaron una intensa búsqueda; no así la Policía, según lo que algunos vecinos y familiares de las chicas denunciaron.

La causa de su muerte es una incógnita todavía, pero la mayoría de los medios nacionales y algunos locales -y, por supuesto, el gobierno provincial- se apuraron a imponer la hipótesis del “pacto suicida”. Por su parte, Urtubey salió a decir que Salta tiene los índices de criminalidad más bajos, cuando los familiares que luchan contra la impunidad llevaban ya 56 marchas.

La hipótesis del suicidio resulta llamativa; no porque dos jóvenes decidan suicidarse -de hecho, Salta tiene uno de los índices más altos de suicidios adolescentes-, sino por cómo sucedieron los hechos. Primero, porque sería el único caso, al menos en el país, de dos personas que se ahorcan con la misma soga. Segundo, porque en cercanías del lugar hay dos obras en construcción, las que requieren una constante presencia de obreros, quienes debieron haber visto a las chicas ir hacia el lugar. Algunos obreros dicen que pasaron dos horas antes por el lugar donde fueron encontradas y no haber visto los cuerpos. Por su parte, el juez de la causa dijo, en un reportaje en FM Noticias, que una de las chicas tenía los pies asentados en el suelo y que no había en el lugar ninguna piedra, tronco o silla donde las chicas pudieran conseguir altura para luego ahorcarse. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales pasó de decir que las muertes ocurrieron entre 24 y 28 horas antes del hallazgo a que sucedieron entre 24 y 48 horas. No es menor el dato de que las chicas aparecen colgadas a menos de 5 cuadras de su casa el día en que se cumplía el primer aniversario del asesinato de las turistas francesas. ¿Fue realmente un suicidio? En las marchas que hubo en la semana desconfían de esta hipótesis.

La policía torturadora

El video que muestra policías que torturan a dos pibes para que confiesen un robo ha provocado una enorme indignación y ha girado por el país y por el mundo. En Güemes, ya habían denunciado casos recientes de golpes dados por policías a la salida de un boliche y de varios casos más. La difusión masiva del video en la misma semana de la muerte de Yanina y de Luján parece no ser una casualidad. Se da en medio de una agudización del enfrentamiento entre el ex gobernador Romero y el actual, Urtubey.

No es un caso aislado. Así lo venimos denunciando desde el Partido Obrero, sobre todo desde que accedimos al parlamento. Incluso el gobierno de Romero -frente a la ola de denuncias y con varias muertes en comisarías- creó la alcaldía y el juez de garantía como una medida -inocua, claro- para evitar los “excesos” policiales. Hace poco, se aprobó un proyecto de ley para crear una comisión contra la tortura, la que estará integrada casi exclusivamente por funcionarios de distintos organismos y diputados. El Ministro de Seguridad se vio obligado a denunciar a los autores de estas torturas sólo frente a la masividad de visitas al video en la web, el cual aparentemente fue subido en noviembre del año pasado. Una semana antes, un funcionario de su Ministerio reconoció ante diputados que en los casos denunciados por el diputado Claudio del Plá -del PO- se dieron “excesos”, pero que no era éste un método sistemático, como lo había denunciado nuestro compañero.

La policía salteña ha entrado,  desde hace ya tiempo, en un proceso de descomposición sin retorno; ésta cruzada, además, por el poder del narcotráfico en la provincia.

El primer detenido por el crimen de las francesas, un puestero de San Lorenzo, fue torturado para que confiese el crimen; pero no lo hizo, y denunció el caso. No pasó lo mismo con el joven aborigen torturado a niveles tales, que terminó diciendo haber matado y descuartizado a Evangelina Pisco. Si el cuerpo de ésta no aparecía en las cloacas -donde cayó por negligencia de Aguas del Norte, tal como denunciaban sus primas-, ese joven habría sido condenado a perpetua. La tortura es el método de “investigación” de la policía de Salta.

Un productor de Anta fue asesinado por todo el personal de una comisaría, para robarle la recaudación. Varios elementos de la Policía están involucrados en asesinatos impunes, los que se denuncian por parte de las familias de las víctimas en las marchas de los viernes. Un caso es el de Cintia Fernández, cuyo principal sospechoso de su asesinato es un ex integrante de la división de trata de personas que, gozando de libertad, amenazó a la mamá de Cintia -Ana Fernández-, el 26 de junio en nombre de que está protegido por el poder y por la Policía. Luego de todo esto, aparecen los narcospolicías, que una vez detenidos fueron torturados también por uno de los que aparecen en el video.

La impunidad  de la que ha gozado la policía desde el tiempo de Romero hasta el actual gobierno de Urtubey tiene su contrapartida en la represión y espionaje a los que luchan.

Por una gran movilización popular

Todos los viernes, desde hace casi un año, la Comisión de Familiares contra la impunidad se viene movilizando en el centro de Salta. De a poco, se acercaron y empezaron a movilizarse familiares de Güemes. Con la reciente muerte de Yanina y de Luján, las marchas han crecido en número en esta semana.

Pero necesitamos provocar una  movilización popular masiva -al estilo de la de Catamarca, con María Soledad, o las de Santiago del Estero, con el crimen de la dársena-, que pueda poner fin a este régimen político putrefacto, garante de la impunidad. Cada caso debe tener su juicio y castigo. Hay que establecer un programa que plantee el desmantelamiento completo del aparato represivo y que el personal encargado de garantizar la seguridad sea seleccionado por los organismos de derechos humanos independientes del Estado y bajo control permanente de esas organizaciones. Que se esclarezcan lsa muertes de Yanina y de Luján y todos los crímenes que aún están impunes. Por la elección popular de jueces y de fiscales. Por la aparición con vida de Cristian Luna, de Marcela Mamani y del resto de las jovencitas desaparecidas.

Pablo López

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