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30 de mayo de 2013 | #1270

Pino y Carrió votan a favor del delito de opinión con Macri

El macrismo y los bloques que responden a la UCR, al Peronismo Federal y, especialmente, a Pino Solanas y Elisa Carrió, decidieron darle forma de ley al decreto que el jefe de gobierno había firmado, con el pomposo objetivo de "defensa de la libertad de prensa". Previamente, la Justicia había dictado una medida cautelar contra dos artículos de dicho decreto. Como señal inconfundible de un impasse general, hay que destacar que la presentación judicial la había hecho el kirchnerismo, el cual no vio contradicción alguna en que su gobierno acabase de votar una ley limitando seriamente el alcance de las cautelares, por considerar que éstas son el instrumento de las corporaciones contra los poderes públicos.

La ley consensuada es una copia fiel del decreto de Macri, aunque adornada con el palabrerío inocuo del centroizquierda. Sigue el delito de opinión, que establece el artículo 8 cuando judicializa lo que entiende como difusión del "odio" -sea "ideológico", "político" o "social". Se trata de fórmulas genéricas para justificar el ingreso del Poder Judicial en la prensa. Las posiciones reaccionarias deben ser combatidas por medio de la polémica feroz y la movilización popular, lo contrario es censura.

A diferencia del decreto, la ley establece que no puede afectarse el derecho de huelga, pero mantiene el artículo del decreto que la prohibía. Insiste con que "no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores...", por lo que la ley puede ser invocada contra medidas de lucha de los trabajadores -ya sean piquetes, ocupaciones u otras medidas de acción colectiva y huelgas.

La flamante ley puede ser afectada por una medida cautelar, debido a que repite los artículos del decreto que fueron suspendidos por la Justicia, como los que confieren tutelas contra embargos de bienes, expropiaciones e intervenciones del directorio de sociedades cuando se han cometido delitos que contradicen normas fiscales y comerciales vigentes en el orden federal. La Justicia fundó las cautelares en el hecho que la Ciudad no tiene atribuciones para desconocer la legislación nacional en esa materia -con independencia de que esas disposiciones hayan sido el resultado de un decreto o de una ley de la Legislatura.

La joyita que incorpora la ley, la cual no estaba en el decreto, está en el artículo 31, que prevé que "las personas que, por vías de hecho, vieren afectada la protección que brinda esta ley podrán requerir judicialmente el auxilio de la fuerza pública" (...), "pedido que se resolverá en forma sumarísima". Los centroizquierdistas agregan de su cosecha propia el uso de la Metropolitana.

El decreto es convertido en ley por el centroizquierda, en momentos en que los trabajadores del gremio de prensa protagonizan un ascenso político y gremial, con posiciones propias que están en pugna con las patronales de los medios -oficialistas y opositores. Este ascenso plantea la posibilidad de sacar este choque de su marco capitalista actual. La política del PO está orientada a que los trabajadores intervengan por la conquista de la libertad de prensa, que es incompatible con los monopolios capitalistas y con el Estado. La vigencia plena de la libertad de prensa plantea la gestión democrática de los medios por parte de los trabajadores de prensa, de la industria, de la cultura, de la educación.

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