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28 de noviembre de 2013 | #1295

Entre la crisis política y el encubrimiento

La colosal descomposición del aparato provincial de "seguridad"

La policía que actúa como brazo ejecutor de golpizas, persecuciones y hasta asesinatos de trabajadores y jóvenes está involucrada en todos los casos impunes en la provincia. Una investigación en la comisaría de Choele Choel, buscando el cuerpo del trabajador rural Daniel Solano, arrojó resultados que ponen bajo sospecha a todas las seccionales de la provincia. Sótanos, tabiques y remodelaciones clandestinas indican que las comisarías de Río Negro esconden demasiado horror.

Mientras tanto, la Justicia falla a favor del gatillo fácil, como sucedió con el caso de "Coco" Garrido en el calabozo de El Bolsón, jubila a jueces corruptos -la jueza Bosco, del caso Solano- e intenta cerrar causas sin imputados ni juicios -es el caso de la masacre de junio en Bariloche. Pero, además, ampara a un pedófilo que actuaba como guardaespaldas del gobernador, beneficiado con la excarcelación, protegido en otra ciudad y cobrando un salario que el gobierno no puede justificar. El gobernador tampoco dio explicaciones sobre las fotografías en las que aparecen juntos.

Motines y ridículas fugas se producen permanentemente en cárceles superpobladas por jóvenes de los barrios periféricos y abandonados de todas las ciudades. Cada escándalo produce cambios de referentes del área y un enorme conflicto entre las camarillas que integran el kirchnerismo provincial. Una y otra vez han sido reemplazados el ministro de Gobierno, el responsable de Seguridad, el jefe de policía y todos los funcionarios de segunda y tercera línea.

Policía en negro, régimen social en negro

El entramado mafioso entre el Estado, el poder político, el empresariado y la Justicia está al servicio de defender una organización social que mantenga las condiciones de vida y de trabajo semiesclavo de los peones golondrinas, y la falta de posibilidades para miles de pibes de los barrios periféricos.

El Estado y su aparato represivo protegen a una patronal que maneja inmensos contingentes de trabajadores precarizados, que llegan año a año corridos por la miseria de sus provincias de origen.

Existe un estrecho vínculo entre esta patronal y un Estado que, conociendo las condiciones de trabajo y de vida a las que son sometidos miles de jóvenes y obreros, ampara la explotación, la estafa y el maltrato.

La desaparición del trabajador rural Daniel Solano desnudó el papel de guardia privada de la patronal que juega la policía, golpeando y amenazando a los trabajadores en los propios galpones de las empresas donde los hacen vivir.

Obviamente, esta función policial no es gratuita. Suculentas coimas y negociados involucran a distintos sectores del Estado. Es ésta la razón de la crisis en el área de seguridad, una pelea por el manejo de los negocios sucios.

Estos negocios arrastran una larga cadena de encubrimiento por parte de todos aquellos que han participado o participan en ellos. Quien maneje la "seguridad" estará cubierto de ser denunciado por coimas, ganancias o muertes. Esto explica la seguidilla de cambios y la permanente disputa por el Ministerio de Seguridad.

Por estos días, la aspiración de Miguel Pichetto como candidato a integrar alguna fórmula presidencial le ha permitido incorporar gente de su sector en los últimos recambios de funcionarios. El "transversal" Weretilnek ha consentido en entregarle parte del gabinete a cambio de un apoyo a sus pretensiones reeleccionistas en la provincia, a expensas de una tercer camarilla: la de los seguidores del fallecido ex gobernador Carlos Soria. Pichetto, por su parte, ya se encargó de pedir que se moderen los reclamos salariales. El reforzamiento de este aparato represivo descompuesto tiene como contraparte la declinación permanente de las condiciones laborales y sociales.

Denunciamos el contenido reaccionario de esta interna por el manejo de la "seguridad". Todo el aparato represivo de la provincia debe ser investigado; la cúpula policial y penitenciaria debe ser removida, e indagados sus vínculos con grupos empresariales y del delito organizado, y encarcelados los responsables de esa complicidad.

Al frente de esta investigación deben estar las organizaciones, familiares y abogados que luchan contra la impunidad en la provincia. Juicio y castigo a todos los responsables.

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