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19 de diciembre de 2013 | #1298

Córdoba: Aprueban un presupuesto caduco

Vamos por un salario igual a la canasta familiar
Por Cintia Frencia Legisladora del Frente de Izquierda

El delasotismo, con el voto K, aprobó en la Legislatura un presupuesto ficticio y totalmente superado por los acontecimientos.

El acuerdo salarial con la policía fijó un salario mínimo de 8.000 pesos y un conformado de casi 13.000, lo que sublevó a los trabajadores estatales que vienen reclamando por una recomposición salarial. Mientras se aprobaba el presupuesto en una Legislatura vallada, los trabajadores de la salud se movilizaban a Casa de Gobierno; los empleados públicos cumplían un paro de 48 horas; se mantenían hospitales tomados, y se producía un fuerte proceso de movilización en docentes y judiciales. El reclamo común levantado por las bases es un salario básico de 10.000 pesos.

El presupuesto aprobado no prevé los 1.500 millones de pesos destinados al pago a la policía. Peor aún: insiste en una pauta salarial del 16%, que ha sido ampliamente superada por los reclamos de los estatales. En cambio, sí prevé tarifazos e impuestazos.

Se trata de un cheque en blanco para que el Ejecutivo provincial siga sosteniendo un régimen de subsidios y eximiciones. Pero, fundamentalmente, el pago de una deuda usuraria que pesa sobre la provincia.

Un día después de aprobado el presupuesto, corrió fuerte la versión de que De la Sota lanzaría una nueva emisión de deuda por 800 millones de dólares, muy superior a la prevista en el presupuesto 2014.

La mitad de la deuda pública provincial es en dólares y con tasas de interés usurarias del 12%. Una devaluación tendría consecuencias explosivas para la provincia.

Esa deuda, en buena parte, fue a cubrir gastos corrientes, y una serie de obras públicas caracterizadas por el sobreprecio, denuncias de corrupción y mala ejecución. Ninguna de ellas justificaba un endeudamiento en dólares, ya que no necesitan de material importado, y ninguna significó un desarrollo productivo para la provincia.

Estamos ante una deuda parasitaria, que sostiene grandes negociados a costa de salarios que no llegan al 50% de la canasta familiar, un déficit habitacional de 350 mil viviendas, y una profunda crisis que recorre al sistema sanitario y a la educación pública.

Tras denunciar el carácter del presupuesto, rechazamos en la Legislatura el proyecto presentado y plantemos la conformación de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, el legislativo y representantes de las organizaciones obreras, que establezcan un nuevo presupuesto partiendo de garantizar un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados y la anulación de las leyes previsionales. Asimismo, la suspensión del pago de la deuda, la apertura de las cuentas del Estado y las empresas, y la elaboración de un padrón de acreedores para separar a los intereses usureros. Finalmente, la eliminación de los impuestos sobre el salario, sobre la vivienda única, de la tasa vial, y la inmediata actualización del impuesto inmobiliario rural.

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