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2 de enero de 2014 | #1299

Un tribunal cordobés reconoce los sindicatos policiales

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Córdoba, que reconoció el derecho del personal policial a formar sindicatos, sólo puede sorprender a los menos avisados. Desde hace tiempo, franjas cada vez más amplias de la burguesía -y de la burocracia sindical- promueven la sindicalización de la policía como una manera de poner bajo control a unas fuerzas de seguridad en acelerado proceso de descomposición. Sin embargo, la resolución de la Sala II de la Cámara cordobesa es apenas una medida de emergencia, un manotazo detrás de los acontecimientos.

El dictamen dice: "La organización sindical propende a encauzar el conflicto, a mejorar el diálogo, a lograr mayores niveles de compromiso de los agentes policiales con la institución empleadora y a erigirse como interlocutora, para actuar de manera preventiva, pudiendo de tal modo evitar reacciones injustificadas que puedan llevar a privar de adecuada protección a la ciudadanía o a las personas a quienes deben tutelar".

Esto es: no se trataría de un sindicato sino de un anti-sindicato, un organismo de mediación orientado a evitar el conflicto, para que los agentes puedan cumplir adecuadamente su función represiva.

No obstante, precisamente en ese punto radica la dificultad, porque la crisis fiscal y la inflación son una cuadrilla de demolición de las instituciones estatales. Crece la impresión de que los gobernadores incumplirán los recientes acuerdos salariales.

La burocracia, dividida

Hace unos diez días, Antonio Caló había dado un respaldo a la sindicalización policial, pero rápidamente sus compinches de la CGT-Balcarce le salieron al cruce. "Ellos (por los policías) negocian con los fierros en la mesa, nosotros no", dijo un burócrata oficialista. Como se ve, la caracterización acerca de la "extorsión" policial es compartida por un arco amplio. Está en manos de la Corte Suprema el reclamo de reconocimiento del Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope), apadrinado por Hugo Moyano (su hijo Hugo es el abogado de la agrupación). Uno de los "referentes" del Sinpope es el comisario Salvador Baratta, ex subjefe de la Bonaerense y ahora concejal de Lanús. Baratta llegó a ese cargo en las listas del Frente para la Victoria, pero ahora, como tantos, se fue con Sergio Massa.

En cuanto a la CTA-Micheli, tiene su protegido propio: Nicolás Masi, del Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba), quien también festejó el fallo cordobés porque, según dijo, "va en consonancia con los fallos sobre libertad sindical que viene dictando la Corte".

Otra vez el derecho de huelga

Todas estas propuestas ‘sindicales’ coinciden en oponerse al derecho de huelga de la tropa policial. El Congreso Nacional, dice la Cámara cordobesa, no puede oponerse a la agremiación policial por tratarse de un derecho constitucional, pero sí puede reglamentar el "ámbito y el modo de ejercicio" de ese derecho porque la policía presta "un servicio esencial", que evita definir.

La ‘cuestión policial’, como se ve, ha entrado definitivamente en la agenda del Estado, que está afectado por una descomposición definitiva. No hay salida ‘sindical’ a esta descomposición; cualquiera sea, será reaccionaria – reforzará el manejo de las camarillas punteriles y delictivas. En oposición al rescate de la policía y del Estado, planteamos el gobierno de los trabajadores y la organización de los trabajadores para la defensa y protección de las conquistas que arrancan con la lucha.

A. Guerrero

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