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20 de marzo de 2014 | #1306

El gobierno usa la caja para comprar impunidad

 MASACRE DE ONCE

La omisión de justicia por los reformadores del Código Penal

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Apenas comenzado el juicio por la masacre de Once, el gobierno, chequera mediante, logró que un grupo de familiares de las víctimas se retirara de la querella a cambio de una suma de dinero. El acuerdo es confidencial.

Se trata de un reducido número de familiares -uno de los letrados intervinientes es el abogado Gregorio Dalbón, quien fue desde siempre un defensor del gobierno. Al criticar a los que responsabilizan al Estado y a los concesionarios por los accidentes, dijo que "la defensa que hacen de los motorman es lírica", y añadió: "No eximo al gobierno de responsabilidad, pero el autor personalmente responsable es el motorman".

Así quedan eximidos, penalmente, la destrucción sistemática de los ferrocarriles, el vaciamiento criminal llevado adelante por el gobierno y la banda de los Cirigliano. Por lo tanto, también quedan libres de cargo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto con el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Sícaro; el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y el ex interventor en la CNRT, Pedro Ochoa Romero. Otro de los abogados de este grupo de familiares es Miguel Arce Aggeo, quien ahora también ha puesto los pies en otra masacre, la de Barracas.

El gobierno y las empresas especulan con los apuros económicos de las familias para asegurarse impunidad. Esta maniobra no hace más que ratificar la condición mafiosa de la camarilla K y la complicidad activa de la burocracia sindical. El vaciamiento ferroviario va de la mano con la superexplotación de los trabajadores, con las tercerizaciones. En fin, con el sistema infame que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra, a 51 trabajadores en Once y a otros muchos, como en los desastres de Flores y de Castelar.

La mafia gubernamental, empresarial y burocrática echa mano a la caja para eludir responsabilidades y comprar impunidad. No les resultará sencillo, porque la mayoría de los familiares continúa la querella y ha sido su movilización decidida la que ha logrado poner en el banquillo a los criminales.

La tentativa de descargar toda la culpa sobre el conductor forma parte de la misma maniobra. Desde diversos sectores se ha denunciado la parcialidad de los informes acerca del funcionamiento de los frenos y, por lo tanto, la falsedad de que se encontraran en buen estado.

¿Hay algo peor que la responsabilidad en una masacre? Sí, la responsabilidad por falsear las pruebas de esa masacre y utilizar la vulnerabilidad de las familias de las víctimas para desmantelar el juicio penal.

¿Quiénes hacen todas estas porquerías? ¡Los que defienden una reforma del Código Penal para conculcar las garantías de los ciudadanos frente al poder del Estado!

A. G.

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