La intendenta de 25 de Mayo, Victoria Borrego, ha dicho que “no puede hacer frente a la masa salarial mensualmente” y, mucho menos, otorgar un aumento de sueldo a los municipales. Reconoce que el reclamo de pase a planta permanente de los contratados es legítimo, pero dice no poder hacerlo porque eso implicaría “el reconocimiento de sus años de antigüedad”, el cual no puede costear. Ha dicho que tampoco dispone de recursos para invertir en herramientas, maquinarias y servicios. Es decir que estamos en presencia de un municipio quebrado.

A esas “imposibilidades” que enumera Borrego, deberían agregarse otras cuestiones pendientes: la urbanización de los barrios -como el barrio Sandalio y el Vicente de Paul-, cuyas casas,  cada vez que llueve, se inundan; el problema de la inseguridad ciudadana; la efectivización de todos los trabajadores del (llamado) Parque Industrial y varias más. Por el mismo medio, Borrego acusó al Partido Obrero de “violento”.

En primer lugar, planteamos que los trabajadores y vecinos en general debemos poder tener acceso a los libros del municipio. Por ejemplo, Borrego va a invertir 8.700.000 pesos en la canalización del Arroyo del Medio, que beneficiará a los empresarios rurales que poseen las 90 mil hectáreas aledañas. ¿El municipio cuenta con recursos para esto y no puede evitar que las familias de los barrios precarios se inunden cada vez que llueve? ¡Apertura de los libros de las cuentas municipales!

En segundo lugar, los capitalistas del campo deben pagar el impuesto rural acorde al valor real de la hectárea, lo que aumentaría la coparticipación provincial.

En tercer lugar, debe terminarse con los subsidios a los empresarios e imponer un impuesto a las grandes fortunas.

Esto permitirá que pueda llevarse adelante un plan de obras públicas que incluya la urbanización integral de los barrios periféricos, con todos los servicios y bajo control de los trabajadores y vecinos. Además de permitir el pase a planta permanente de todo trabajador municipal con más de un año de antigüedad, un salario mínimo de 2.000 pesos, un aumento salarial del 30% y la restitución del 2% de antigüedad.