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28 de agosto de 2014 | #1329

Ley de laboratorios públicos, otra farsa

EXCLUSIVO DE INTERNET

Con nota de tapa y promesa de "Santo Remedio", Página/12 presentóel proyecto de ley de la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, para la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), con el fin de nuclear las casi cuarenta usinas de medicamentos dependientes tanto de universidades, como de gobiernos provinciales y el nacional. La Anlap tendría un presupuesto propio y centralizaría la compra de activos por parte del Estado, bajo control del Ministerio de Salud. Su antecedente directo es la Red Nacional de Laboratorios Públicos que hoy nuclea estos laboratorios de manera informal. La década ganada de la industria farmacéutica Gaillard aclaró, rápidamente, que el proyecto "no va en desmedro de los laboratorios privados". De las 39 instituciones en cuestión en el proyecto, la mayoría produce medicamentos que no resultan redituables a la industria farmacéutica, otros se tratan de farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Dentro de las trabas que se les imponen a estos laboratorios, se encuentra la falta de financiamiento y la no autorización de la Anmat, que impide a estas drogas traspasar las fronteras interprovinciales. Este esquema es una estafa para los trabajadores, en una década caracterizada por el vaciamiento de las farmacias hospitalarias, y donde una de las principales causas de reinternación es la descompensación de los pacientes por la imposibilidad de pagar los costos de las drogas requeridas. El pacto PRO-K en la legislatura porteña, para la construcción de un Polo Farmacéutico en las tierras aledañas al Parque Indoamericano, demuestra el eje de la política de los bloques patronales con respecto a los pulpos farmacéuticos: mientras el hospital de Lugano quedó relegado, le ofrecen a los grandes capitales las tierras que se niegan a la Villa 20 para su urbanización, mientras avanzan en la construcción de industrias altamente contaminantes. Drogas "cuidadas" Otro de los defensores del Proyecto, Donato Spaccavento, ex ministro de salud de la Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra, plantea directamente un negocio del tipo "canasta de medicamentos con precios cuidados", lo que resulta imposible con la oferta actual de los laboratorios públicos y los escasos fármacos que producen, a la vez que anticipa un tarifazo de parte de las farmacéuticas para el próximo periodo. Finalmente, pretenden ignorar que una política para la producción estatal de medicamentos es indivisible de una política de conjunto que enfrente a la industria farmacéutica (una de las más poderosas del mundo) y que ponga dicha producción bajo control de los trabajadores, con el presupuesto necesario y los controles que aseguren su biodisponibilidad y bioequivalencia, así como también que desconozca la Ley de Patentes que protege a dicha industria. El gobierno de la mafia de los medicamentos, el reciente escándalo de la efedrina, y de los Jóvenes Científicos Precarizados, pretende presentarnos -tardíamente- otra lucha contra un monopolio, que es nuevamente, una farsa. Lograr un plan deproducción pública de medicamentos plantea luchar por un gobierno de trabajadores.

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