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28 de octubre de 2014

Universidad de Córdoba

Otro operativo para instalar Monsanto

La instalación de Monsanto fue desbaratada por la enorme movilización popular desatada durante el 2013. Ello llevó a que la justicia impidiera la prosecución de la obra y que se rechazara el estudio de impacto ambiental presentado. Luego, el pulpo agroquímico estableció todo un operativo para lograr su instalación, que tiene como objetivo apoderarse de la renta agraria de la provincia.
 
A comienzos de 2014 impusieron en la legislatura provincial una ley consensuada entre De la Sota, la UCR y el juecismo, que tenía como objetivo pavimentar legal y socialmente la instalación. La oposición del Frente de Izquierda y de las distintas asambleas, desenmascararon la impostura de la "Ley Monsanto", lo que desató un fuerte ataque sobre nuestra banca, que defendimos con la movilización popular. Como resultado de esa lucha, nunca fuimos sancionados y además se ha suspendido la reglamentación de la ley, es decir, su aplicación. 
 
Cuando el debate alrededor de la ley se apaciguó, Monsanto volvió a la carga. Hace unas semanas, el decano radical de la Facultad de Agronomía (Conrero) firmó un convenio de cooperación con el pulpo contaminante. En el Consejo superior, entre el rector K (Tamarit), la UCR, y la representación de Sudestada (Patria Grande), se acordó impulsar "comisiones de debate", con el objetivo de legitimar académicamente a la multinacional.
 
Ante ello,  y después de una intensa agitación, la UJS y activistas independientes se movilizaron al Concejo Superior a exigir la derogación del convenio, lo que terminó ocurriendo al día siguiente. 
 
Esta victoria provocó una fuerte reacción del conjunto de las fuerzas políticas patronales y del "Grupo de los Seis" (cámaras empresarias de Córdoba). Inmediatamente se abrió una persecución judicial; a la par que los medios oficialistas y opositores montaron un operativo mediático para tildar de "violentos" a los manifestantes. Al ataque descargado por las camarillas radicales y kirchneristas, se plegaron rápidamente la agrupación Sudestada, que rechazó desde un comienzo la movilización hacia el rectorado, en busca de preservar sus alianzas con el rector K. El juecísmo se colocaba como el principal lobbysta de Monsanto en la legislatura, impulsando una declaración de "repudio a la violencia", que sólo fue rechazada por el FIT.
 
El ataque a la lucha que logró la derogación del convenio tiene como objetivo suprimir la movilización en favor de la instalación. Se trata de una maniobra similar a la cuestión de privilegio que se instauró en la legislatura contra el Frente de Izquierda.
 
Es necesario redoblar la movilización independiente de las camarillas universitarias para exigir que la Universidad rompa todos sus lazos con Monsanto, que se elimine la publicidad de la multinacional en los medios oficiales de la UNC, que se baje de las páginas de la universidad la promoción del programa "jóvenes profesionales de Monsanto" y que la UNC se pronuncie definitivamente contra su instalación.

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