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19 de marzo de 2015 | #1355

EXCLUSIVO DE INTERNET

Patria Grande, de la mano de los K

Por Corresponsal

El 25 de febrero se presentó una carta al Concejo de la Magistratura firmada por Abuelas de plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Unión por los Derechos Humanos de la Plata y Aguafuerte Colectivo de Derechos Humanos (Patria Grande), quienes expresaron su "preocupación en torno al nombramiento de los jueces subrogantes para los Juzgados 1 y 3 de La Plata", al tiempo que aclararon que "no es la intención mostrar el apoyo o la desaprobación a los jueces involucrados".

Estas organizaciones ponen foco en la contradicción entre dos resoluciones dictadas por un mismo cuerpo colegiado: la Cámara Federal de Apelaciones (CFALP). Una de ellos, emitido por la Sala I, avala lo actuado por esos jueces; el otro, firmado por la Sala III, decide apartarlos. Para los firmantes del documento, ésta contradicción "llevará inexorablemente a la paralización del fuero federal de La Plata", donde hay causas por delitos de lesa humanidad y ambos juzgados tienen a su cargo la investigación de masivas violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.

Lo que esconde esta presentación, que busca intervenir en medio de la acusación del gobierno al golpismo de un "partido judicial", es que el Juzgado 1, que estaba a cargo del fallecido juez Blanco, además de tener causas de lesa humanidad es responsable de la justicia electoral de toda la provincia de Buenos Aires. Frente al mismo fue designado Laureano Durán, hijo del fallecido camarista Alberto Ramón Durán y cercano al ministro Julio Alak, a instancias del kirchnerismo.

Los partidos de la oposición patronal presentaron un escrito en el fuero contencioso administrativo para evitar que Durán quede al frente del juzgado, denunciado que se estaban violando normas constitucionales y legales, y que la Corte Suprema había advertido ya que los secretarios -como es el caso de Durán- no cumplen con los requisitos constitucionales para oficiar de jueces. El escrito firmado por Adrián Pérez (Frente Renovador), Pablo Tonelli (PRO), Manuel Garrido (UCR), Gerardo Milman (GEN) y Ricardo Cuccovillo (PS) reclama, como medida cautelar, el corrimiento de Durán y la reposición de Adolfo Ziulu, juez que había reemplazado provisoriamente a Blanco.

Se trata de una disputa entre el gobierno y la oposición derechista por el control de la justicia electoral. Los organismos de Derechos Humanos cooptados por el gobierno, acompañados por Patria Grande, intervienen en favor del juez Durán, con la excusa de la demora en las causas de lesa humanidad -cosa que siempre ocurrió cuando estaba Blanco y que no va a dejar de ocurrir con cualquiera de estas variantes. Vamos por la elección popular de los jueces y el derecho a revocatoria. La lucha por los derechos humanos debe ser independiente del Estado y sus gobiernos.

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