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11 de junio de 2015 | #1367

EXCLUSIVO DE INTERNET

Monsanto lo pide, ¡CFK lo hace!

Ha estallado uno de los conflictos políticos más importantes con el campo, después de la crisis de la 125. Después de un largo silencio, el jefe de Gabinete ha anunciado que el gobierno enviará un proyecto de ley para zanjarlo, revirtiendo la decisión anterior de emitir un DNU.

Según La Nación, "el gobierno intenta frenar a Monsanto", un título a la medida del propio gobierno. Sin embargo, tras la pantalla de que impedirá a Monsanto seguir con estas prácticas coercitivas, habilitará y asegurará el cobro de las regalías.

Lo adelantó CFK cuando en 2012, al inaugurar las sesiones en el Congreso, se pronunció a favor del pago de la propiedad intelectual en el negocio de las semillas. Lo confirmó el secretario de Agricultura: "avanzaremos en los instrumentos necesarios para que todos los derechos de propiedad en las semillas se cobren de manera única" (Infocampo, 20/2).

Al día de hoy, sin legislación vigente, Monsanto viene implementando la política de imponer el pago de regalías mediante el canon tecnológico. Durante las últimas cosechas firmó acuerdos individuales con productores, que los obligan a comprar semilla pagando regalías y a vender su producción a determinados acopiadores. Si descubrían, mediante técnicas sencillas, la presencia de germoplasma modificado en cantidades superiores de granos a los que habían pagado, Monsanto establecía multas que incrementaban notablemente lo pagado por regalías.

El gobierno CFK no da el debate, que es lo que correspondería por los intereses en juego, en torno de un conflicto que enfrenta a Monsanto y un grupo de grandes productoras de semillas, con las patronales del campo y, a otro nivel, con el campesino pobre o el agricultor familiar. Es significativo que, pese a la amplia mayoría en las cámaras legislativas, el gobierno evitó enviar un proyecto de modificación de la ley de semillas vigente. Escogió la vía de un DNU, para intentar amortiguar el descrédito.

La industria de las semillas sostiene, desde hace tiempo, que con las inversiones que se requieren para el desarrollo de nuevos eventos biotecnológicos es necesario un reconocimiento a la propiedad intelectual.

Este es el punto crucial del debate: ¿las especies vegetales pueden ser patrimonio privado? Con la simple introducción de pequeños cambios en sus estructuras génicas, las productoras de semillas pretenden obtener la propiedad total. Propiedad a partir de la cual se garantizan cobrar regalías por cada semilla que se utilice. Suponiendo que exista una mejora, el avance de la ciencia choca brutalmente con el régimen de la propiedad privada.

Los tres jinetes del ajuste con su silencio se entiende que convalidan esta política -es decir juegan en el mismo equipo de Monsanto.

Para ocultar el recule y mantener el relato sobre la defensa de los "pequeños productores" se implementará un registro de uso propio -manejado por la camarilla de la Casa Rosada- y se creará un fideicomiso para el fomento de las biotecnologías a través de cobrar un canon tecnológico.

Un anuncio que se contrapone por el vértice a la vigente Ley de Semillas (20.247/1973).

El uso propio de las semillas, que es un derecho, se lo transforma en un privilegio y, por ende, no seguirá cumpliendo su rol tradicional -que en parte explica las buenas cosechas. Según el Instituto Nacional de Semillas para la actual campaña (2014/15), hubo 26,7 millones de bolsas vendidas por las que se abonó no sólo el costo de las semillas, sino la regalía por los acuerdos individuales. En este año, DNU mediante, se estima llegar a los los 38,9 millones, es decir que las semilleras recibirían solamente por regalías cerca de 500 millones de dólares y una cantidad sensiblemente mayor por la semilla (Infocampo.com.ar, 15/10/14).

La verdadera fuerza propulsora de la industria de ingeniería genética capitalista no es hacer más productiva la agricultura ni acabar con el hambre, sino simplemente generar mayores ganancias para el capital. El productor es cada vez más rehén de un "paquete tecnológico" que le insume una mayor porción de su renta y que, en un punto, se convierte en confiscación lisa y llana. A no ser que sea parte del capital financiero que se ha erigido en la potencia dominante del "campo".

La lucha contra Monsanto y la dictadura de los semilleros, plantea el rechazo al DNU en marcha y una reorganización social del campo. Esto supone un centro de investigación y producción de semillas en manos del Estado y bajo control de trabajadores y técnicos, la nacionalización de los latifundios y el arrendamiento a favor de cooperativas y campesinos y trabajadores sin tierra.

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