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23 de julio de 2015 | #1373

Salta: el reforzamiento de un régimen contra el pueblo

Apenas obtenida su victoria electoral, Urtubey inició una campaña para afianzar a Scioli como candidato a presidente del Frente para la Victoria, con una gira nacional y un foro sobre coparticipación. Allí propuso la creación de un fondo de convergencia que, sin tocar el actual esquema de coparticipación nacional, destine un plus de recursos nacionales a las provincias. Urtubey es protagonista activo del operativo de Scioli para encuadrar a los caudillos provinciales tras su candidatura.
 
A nivel local, el oficialismo se ve fortalecido día a día por el pasaje de un sector del romerismo a sus filas. De los 14 intendentes obtenidos por la oposición patronal, cinco ya se han pasado al campo del oficialismo antes de asumir y los demás están a la espera de los resultados nacionales. Es que las elecciones no han podido ocultar las crisis de los municipios. En Orán y San Lorenzo ya se han votado aumentos de impuestos, mientras en San Carlos, Yrigoyen, Rosario y Cerrillos ya hay conflictos obreros por el atraso en el pago de los salarios. En Mosconi, la intendencia tuvo que suspender la Expomosconi y está latente la amenaza de la cesación de pagos.
 
Ante las crisis municipales, Urtubey ha declarado que los intendentes deben seguir gobernando hasta cumplir su mandato, sobre todo para que no esperen ayuda provincial y resuelvan con sus propios recursos sus crisis, lo que implica reprimir las protestas, reducir los servicios y aplicar impuestazos. Por otro lado, la provincia realizará auditorías en los 24 municipios en donde se eligieron nuevos intendentes. Esta es una maniobra para condicionar la transición hacia las nuevas gestiones ya que condiciona el envío de más fondos a los resultados de las auditorías y a los acuerdos políticos. En el caso de Salta Capital, Isa terminó nombrando por cuenta y orden de Urtubey al ex ministro de Gobierno Silvester como secretario de gobierno municipal para capitanear las negociaciones con el futuro intendente Sáenz.
 
Sin embargo, el esfuerzo por un disciplinamiento de los intendentes oficialistas y opositores también está generando sus crisis. Por ejemplo, en Orán, el sector romerista ha desaparecido del escenario político, colocándonos como única oposición al régimen de Lara Gros y a su nuevo impuestazo. Lo mismo sucede en Capital, San Lorenzo, Mosconi, Metán y el resto de los municipios.
 
La campaña electoral se desarrolla a la par de estas crisis políticas, y la intervención de las bancadas del PO nuevamente son una herramienta política fundamental para enfrentar los ataques a la población y para desarrollar una alternativa política de los trabajadores en la provincia y en los municipios.
 
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El movimiento obrero salteño enfrenta el ajuste
 
Urtubey tiene abierta una crisis con las paritarias estatales. La intergremial de la burocracia sindical docente (ADP, Sadop, Amet, UDA), ha solicitado un 15% más de aumento en cuotas, para completar un 40% con los aumentos otorgados a principios de año. El gobierno rechazó el planteo. De la discusión se excluye nuevamente a la representación de Docentes Unidos de Salta (DUS) que dirigió la última autoconvocatoria. El resto de los estatales espera el cierre de las paritarias docentes. Las burocracias sindicales no llaman a deliberación alguna.
 
En Salud, existe una seguidilla de conflictos aislados en los hospitales más importantes. Se ha reabierto el conflicto de los trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad, perteneciente al burócrata Ramos.
 
 
Privados
 
Las paritarias azucareras se encuentran empantanadas. Los gremios piden un aumento del 39% para la tira final (incluye premios por finalización de la zafra), las patronales se plantaron en un 24% como mejor oferta. En el caso de San Isidro, la patronal Peruana Gloria amenaza con el despido de 100 obreros y el pago del 50% de la indemnización a través de un procedimiento preventivo de crisis, que el sindicato y el cuerpo de delegados rechaza categóricamente. En el caso de Tabacal, el gobierno intenta evitar medidas de fuerza.
 
La provincia ha militarizado el Ingenio San Isidro. Está viva la memoria de la rebelión obrera y popular que en 2012 derrotó la represión policial a los obreros del Ingenio Tabacal. El gobierno gestiona a nivel nacional el pago de Repro.
 
Otro escenario es el conflicto en Casinos. En menos de un año, la patronal concesionaria Videodrome ha despedido más de 60 activistas. El Ministerio de Trabajo ha dado vía libre a esta persecución, para encuadrar a los trabajadores en los convenios inferiores de Aleara y Comercio.
 
Cada uno de estos escenarios de lucha obrera es una prueba de fuerza para doblegar la resistencia popular contra el ajuste que las patronales y el gobierno de Urtubey intentan imponer.
 

 

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