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22 de octubre de 2015 | #1386

Vivienda y crédito hipotecario

Los capitalistas no quieren, los trabajadores no pueden

Hace casi 150 años, en su escrito "Contribución al problema de la vivienda", Federico Engels era casi visionario al sostener que en relación con la solución del problema de la vivienda "los capitalistas no quieren y los obreros no pueden".
 
En la actual campaña electoral, todos los candidatos patronales tienen el desparpajo de prometer en su publicidad callejera "1.000.000 de créditos hipotecarios" o algo parecido.
La pregunta se impone: ¿por qué en Capital, y con ocho años de gobierno, y hablamos puntualmente del PRO y sus políticas de construcción y crédito para la vivienda (Plan Primera Casa), el saldo son 6.900 salidas habitacionales en una ciudad con más de medio millón con problemas de vivienda? ¿Y cómo podría ser factible ahora, en el marco del ajuste que se viene?
 
No es sólo el PRO, consideremos al gobierno nacional y su promocionado plan de crédito Procrear. Este es un fondo fiduciario administrado por el Banco Hipotecario SA. Esta entidad fue privatizada en la década del '90 y está en el lote de las empresas que más ganaron en la última década, entre otras razones por lo que percibe por la gestión del plan Procrear. Aunque el Estado es el socio mayoritario con el 42% del capital social, al administrar las acciones del banco que tenían las AFJP y que fueron a parar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, los socios minoritarios, que no llegan a tener el 30% del capital social, son quienes manejan el banco. Se trata del grupo Elztain, principal accionista del grupo Irsa, el oligopolio inmobiliario más importante del país, prenda de unidad en las votaciones conjuntas de los bloques K y PRO en la Legislatura de la Ciudad en relación con la adquisición de terrenos fiscales.
 
Los fondos utilizados por el plan Procrear fueron cedidos por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que constituyó un fideicomiso de 4 mil millones de pesos para la financiación de las viviendas y cedió su manejo al Banco Hipotecario. ¿Cuánto le paga éste a la Anses por estos fondos? Entre el 10,5 y el 15,5% anual, contra una inflación del 35, una confiscación en regla de los recursos de los jubilados. A su vez, el banco percibe una jugosa comisión por hacerse cargo de la gestión del crédito.
 
Hacia 2003, el sistema financiero destinaba un 40% de sus fondos para créditos hipotecarios; actualmente esa cifra se redujo a un 8,3%, menos de 1 de cada 10 pesos, de acuerdo con datos del Banco Central. Es decir que los bancos prácticamente se retiraron del negocio. La causa primera de este vuelco es la caída del salario real (un 40% menos que el de 1974, cuarenta años después). Por eso el acceso a la vivienda queda reducido a la clase alta, menos de un cuarto del total de la población. "Sólo una de cada 10 familias puede acceder a un departamento estándar en menos de 15 años. Más de seis de cada 10 familias requieren entre 34 y 70 años para poder pagarlo y otras dos están fuera de toda posibilidad", según un informe pedido por la propia Cámara Inmobiliaria Argentina (Consultora W, 2015).
 
Así, el llamado "sueño de la casa propia" deviene casi utópico, la angustia de la clase trabajadora frente a esta situación debiera tomar nota de una cruda realidad: bajo el actual régimen el problema de la vivienda es una institución necesaria, no podrá desaparecer porque los capitalistas simplemente no quieren resolverlo. ¿Cómo sería posible la valorización del capital si los trabajadores tuviéramos garantizado el derecho a la vivienda?
 
Para impulsar la urbanización y la construcción de viviendas planteamos la necesidad de créditos a tasa cero por parte de los bancos estatales, lo que sería compensado sobre la base de un sistema impositivo basado exclusivamente en impuestos directos a las ganancias capitalistas, a las ganancias de capital por transacciones financieras de cualquier tipo, a las grandes fortunas, a la renta del suelo y a los patrimonios ociosos. En este último punto planteamos la realización de un censo acerca de la concentración de propiedad habitable sin usar en las grandes ciudades -dejando a salvo la de los jubilados- para proceder a gravarlas con un impuesto confiscatorio que obligue a ponerlas en alquiler o venta. Va de suyo que otra vía de resarcimiento a los bancos serán los mayores impuestos que se cobrarían como consecuencia del incremento del PBI que resultaría de estos planes de urbanización.

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