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La lucha sigue en Veladero

Acampe luego del desalojo
La policía desalojó a los manifestantes que estaban bloqueando el acceso a la mina Veladero, pero los vecinos resisten y consolidan un acampe frente a la Municipalidad.
 
La asamblea de Jáchal y vecinos del departamento de Iglesia cortaron el acceso a la mina Veladero en protesta por la inacción de las autoridades ante la contaminación de las aguas que ocasionó la Barrick. Esto ocurrió el miércoles 21, cuando los pobladores tomaron conocimiento de presencia de cianuro en el Dique Pachimoco, fuente de agua potable de Jáchal, al recibir los resultados del laboratorio de la UTN Mendoza que había tomado muestras a poco del derrame. Además, la indignación creció por la falta de acciones contra la empresa contaminadora y el ocultamiento de informes de calidad de agua realizados por OSE (Obras Sanitarias de San Juan).
 
Esta asamblea se fundó en el mes de marzo para luchar contra otro proyecto que iba a explotar uranio, actividad que se sumaba a una diversidad de concesiones mineras. El compromiso del gobernador con la minería es muy grande ya que las empresas de su familia suministran los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del sector.
 
Los primeros datos fueron proporcionados por el Laboratorio Instrumental de la Universidad Nacional de Cuyo que encontró metales disueltos en varios puntos del río, a pocos días del episodio de contaminación. Desde entonces el gobernador comenzó a amenazar a periodistas y vecinos. Por su parte el Juez Oritja indagó a nueve empleados que fueron apartados de la empresa con el objeto de endilgarles toda la responsabilidad.
 
Cabe aclarar que la contaminación no fue solamente de cianuro. Se derramaron otras sustancias tóxicas como mercurio, oro y plata. La responsabilidad de la empresa es indudable dado que a los errores de infraestructura del proyecto se agrega el mal mantenimiento de las instalaciones de proceso que condujeron al derrame sobre el Río Potrerillos, afluente del Jáchal.
 
La empresa aplica sus inversiones solamente al aumento de la producción, desinteresándose de los problemas de seguridad y ambiente. En efecto, desde que inició sus operaciones, la mina duplicó su valle de lixiviación (contenedor de la sopa química) llegando a 600 hectáreas en la actualidad.
 
Nuestra propuesta
Urge nacionalizar la mina Veladero y aplicar el control de los trabajadores sobre el conjunto de las operaciones. Las asambleas tienen que auditar el funcionamiento de todo el sistema hídrico y de las condiciones de salud de los habitantes afectados.
 
También es necesario derogar la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y el Tratado Binacional de Implementación Conjunta argentino-chileno, diseñado a la medida de las patronales mineras.

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