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20 de enero de 2016

Decreto del derribo, un engendro reaccionario

La autorización para el derribo de aviones no sólo es ilegal porque ha sido establecida por decreto, en el marco de la “emergencia de seguridad” dictada por el gobierno, pasando por encima del Congreso

La autorización para el derribo de aviones no sólo es ilegal porque ha sido establecida por decreto, en el marco de la “emergencia de seguridad” dictada por el gobierno, pasando por encima del Congreso. Además representa una clara violación de la ley de seguridad interior vigente, que prohíbe a las Fuerzas Armadas desempañar tareas de seguridad dentro del país.

La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de “pena de muerte”, con el agravante que prescinde del juicio previo y del derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro reaccionario argumentando que es necesario para luchar contra el narcotráfico, pero si esta fuese realmente la finalidad debiera procederse a la estatización de los puertos privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el juego que sirve para lavar el narco-dinero, y el sistema financiero que cumple una función similar.

El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad a convocar al personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, lo cierto es que la gracias a la impunidad reinante la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos pudieron retirarse sin denuncias en su contra.

Llamativamente el decreto de derribo se aprueba en momentos que la Fuerza Aérea ha perdido toda capacidad operativa, es decir, se ha quedado sin aviones. Lo que viene, por lo tanto, es un operativo rearme de las FFAA, que ya comenzó en el último ciclo del gobierno kirchnerista. La compra de aviones de combate ha sido un tema que servirá, además, para el alineamiento internacional con el imperialismo. En un país con déficit y en un cuadro de ajuste, el crecimiento del gasto armamentístico será a expensas de los gastos sociales del estado.

El macrismo actúa en este punto con el consenso de la inmensa mayoría de la clase capitalista y sus partidos. Ya en la campaña electoral Massa reclamó la “ley del derribo”, como parte de un planteo más general de intervención de las FFAA en la seguridad interior. No deberá sorprender que en el futuro, siempre amparados en la “emergencia”, el gobierno también implemente esta medida. No se puede pasar por alto que el propio Scioli, en su campaña hacia el ballotage, dijo que hacía suyo el programa de Massa, y se declaró partidario de que las FFAA custodien la frontera. En todos los casos está presente un planteo de rescate de las FFAA, duramente golpeadas por dictadura militar y la guerra de Malvinas. A ese propósito sirvió apuntaba también el nombramiento de Milani en la jefatura del Ejército.

La intervención de las FFAA en la “lucha contra el narcotráfico” plantea el peligro de que se transforme ella misma en apéndice de los propios narcos. Si ya tenemos comisarios narcos, ahora tendremos generales, almirantes y brigadieres narcos.

Denunciamos el decreto de emergencia de seguridad y de derribo por su carácter reaccionario y represivo.

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