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10 de marzo de 2016 | #1402

¿Quién paga la quiebra de la provincia de Buenos Aires?

En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, María Eugenia Vidal volvió a hacer hincapié en que su gobernación recibe una provincia quebrada. En esto Vidal no miente. Pero los trabajadores deben saber que, al igual que Macri a nivel nacional, Vidal se vale de la quiebra como herramienta para justificar despidos, endeudamiento y ajuste. O sea que es la voz de mando para una ofensiva contra las víctimas de la quiebra actual
En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, María Eugenia Vidal volvió a hacer hincapié en que su gobernación recibe una provincia quebrada. Una deuda contraída declarada de 122 mil millones de pesos, a la que deben sumarse otros 59 mil millones de pesos con el Banco Provincia, IPS y Ioma, más 22 mil millones de déficit fiscal de 2015. A esta factura le añadió la precariedad social: la mitad de los hogares de toda la provincia no cuentan con agua potable, hay 180 obras en escuelas que se encuentran paralizadas, 53 de los 78 hospitales se encuentran en estado de “demolición”. En esto Vidal no miente. Pero los trabajadores deben saber que, al igual que Macri a nivel nacional, Vidal se vale de la quiebra como herramienta para justificar despidos, endeudamiento y ajuste. O sea que es la voz de mando para una ofensiva contra las víctimas de la quiebra actual.
 
Vidal le pasa la factura a los trabajadores
 
En realidad, toda la perspectiva de Vidal es descomprimir el rojo fiscal y los vencimientos de deuda mediante un megaendeudamiento. Ya salió a la caza de inversores -de la mano del JP Morgan, Citigroup y HSBC- para colocar bonos por 1.000 millones de dólares a una tasa de interés que no bajará del 9%. Por esa razón comenzó su discurso agradeciendo el apoyo de Massa, Stolbizer y el FpV a la aprobación del Presupuesto 2016 con una autorización de deuda de 60.000 millones de pesos, sumados al compromiso de los mismos a votar en el futuro otros 28.500 millones por el déficit del Banco Provincia, sumado a la apropiación de casi 7.000 millones de “excedentes”, que llevarán a 20.000 millones la deuda con el organismo de previsión social.
La quiebra de la provincia no hará más que agravarse en perjuicio de los trabajadores, por la sencilla razón de que el nuevo gobierno sigue el mismo camino de saqueo provincial que siguió Scioli.
 
Ahí están los centenares de despidos en dependencia estatales y del cierre de paritarias a la baja (Vidal no se privó de agradecer los favores de Baradel y el Frente Gremial). El Ejecutivo prepara una Emergencia Administrativa que sería la antesala de una Ley de Modernización del Estado; la “modernización” es la coartada para liquidar la estabilidad laboral y asegurarse el manejo discrecional de los contratos de obra pública. En esa dirección apunta también el nuevo intento de aprobar la Emergencia en Infraestructura, que no tiene detalle alguno de las obras a las que se refirió Vidal en el discurso.
 
Demagogia
 
La gobernadora empaquetó el ajuste en un discurso de promesas, demagogia y falsedades. Dijo: “Cuidamos el empleo y resolvimos el conflicto de Cresta Roja”, mientras vuelven a la carga con los despidos en el Estado (Ministerio de Agroindustria) y los obreros de la avícola se mantienen con un Repro sin garantía de continuidad laboral. Anunció un “plan salvataje” para los hospitales y el nombramiento de personal cuando por cuarto año consecutivo se redujo la partida presupuestaria para ese área. Adelantó que un censo de la situación de los establecimientos educativos determinaría para junio todo un plan de infraestructura escolar, mientras el presupuesto de Vidal ratifica el desmantelamiento sciolista de la dirección encargada de arreglar escuelas.
 
Para salir realmente de la situación de quiebra de la provincia habría que empezar por gravar las tierras rurales al valor de mercado, eliminar las exenciones impositivas a la gran industria, investigar el conjunto de la deuda provincial para determinar su carácter usurario y por lo tanto rechazar su pago. Estos recursos, al revés del régimen de emergencias que concentra en la camarilla gobernante el manejo a discreción de los fondos del Estado, deben ser destinados a un plan de infraestructura escolar discutido por el conjunto de la comunidad educativa (y el control de sindicatos docentes y centros de estudiantes sobre el Fondo Educativo que reciben los municipios); a las necesidades de insumos, personal, medicamentos y obras determinados por los trabajadores de la salud; a la obra pública de acuerdo a un plan integral elaborado por técnicos, organizaciones ambientalistas y asambleas de inundados de toda la provincia. Garantizando un salario igual a la canasta familiar, el pase a planta de todos los trabajadores del Estado y la devolución de los fondos al IPS para asegurar el 82% móvil para los jubilados.
 
En el acto que realizó el Partido Obrero frente a la Legislatura (que contó con la participación de La Brecha, el PTP y el FPDS-CN), el diputado provincial del FIT Guillermo Kane, que no participó de la Asamblea Legislativa en rechazo a esta agenda parlamentaria diseñada en un juzgado de Nueva York, aseguró que “seguiremos peleando, tanto dentro de la Legislatura como en la calle, contra los despidos y la precarización laboral, por la triplicación del presupuesto para salud y educación, enfrentando este pacto buitre para que la crisis la paguen los capitalistas”.
 
Más que nunca, los trabajadores tenemos que desarrollar nuestra alternativa política.
 

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