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19 de enero de 2006 | #931

Inflación

El gobierno, culpable

La UIA y cada empresario citado en la Casa Rosada reclaman que los trabajadores renuncien a sus reclamos salariales con la excusa de “combatir la inflación”.
 
A cambio, ofrecen los acuerdos de precios que, como todo el mundo sabe, son ficticios.
 
Hace seis meses, Kirchner rechazó un aumento del 10% para los jubilados por la misma excusa.
 
¡Para compañeros que cobran haberes de 390 pesos!
 
Pero la carestía no afecta a todos por igual.
 
Revienta a los trabajadores, pero...
 
...no afecta a los industriales y supermercadistas, que mantienen sus márgenes de ganancias.
 
...beneficia a los banqueros, que salieron de la bancarrota que ellos mismos provocaron con títulos del Estado en pesos que se ajustan por la inflación.
 
...favorece a los beneficiarios del rescate de la deuda en default, que recibieron en gran parte bonos que también se actualizan con la carestía.
 
El mismo gobierno que dice luchar contra la carestía ha creado el gran circuito de interesados en sostenerla.
 
Kirchner no va a impedir que siga la inflación congelando salarios o jubilaciones.
 
La inflación nace de la especulación capitalista que alienta el propio gobierno.
 
Una especulación financiada con la compra de dólares por parte del Banco Central y estimulada por el alza de las propiedades y los alquileres organizada por los pulpos inmobiliarios.
 
Por eso, para combatir realmente la inflación, es necesario el control obrero de la producción.
 
La deuda pública se “come” un gran porcentaje del superávit fiscal, que se acumula mediante el congelamiento del salario de los docentes y de los trabajadores estatales y de los haberes de los jubilados.
 
Ese superávit va, además, al pago anticipado al FMI.
 
Un pago de 10.000 millones de dólares, que se suma a otro tanto ya pagado al FMI y los organismos internacionales desde el momento del default.
 
El Partido Obrero llama a luchar contra la inmensa sangría nacional que se consuma a expensas de los salarios, la educación, la salud, la vivienda y la soberanía nacional.
 
A convertir en consignas nacionales el reclamo por un salario mínimo de 1.800 pesos, igual al costo de la canasta familiar, por una jubilación mínima del 82% ajustados por la inflación.
 
A exigir un plan de obras públicas controladas por los propios trabajadores para poner fin a la desocupación.
 
A imponer un impuesto inmediato a todas las ganancias extraordinarias de los especuladores de todo tipo.
 
A luchar por el control obrero de la producción.
 
A luchar por una salida propia frente a la que nos quieren imponer los pulpos capitalistas y sus comisionistas políticos.

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