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29 de junio de 2016

Decreto presidencial 721/16

Choque entre Carrió y Pitrola sobre las Fuerzas Armadas

Anoche, 28 de junio, en el marco de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se produjo un nuevo choque entre Elisa Carrió, la diputada oficialista, y el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola.

El altercado se dio en torno a un proyecto presentado por la bancada del PO-FIT, que repudiaba y reclamaba la derogación del decreto presidencial 721/16. El mismo concede mayor autonomía al Alto Mando Militar para designar nombramientos, ascensos, cambios de destino y premios de oficiales y suboficiales. A su vez, autoriza al jefe del Estado Mayor Conjunto a reincorporar a militares retirados, para funciones docentes.

Contra el Proyecto de Resolución del PO-FIT y otros sobre el tema, hizo de portavoz oficialista la diputada Carrió, que desarrolló una defensa constitucionalista del derecho del gobierno de Macri a dictar decretos. Lo encendido de su defensa indica una tendencia gubernamental a utilizar este recurso arbitrario.

Pitrola, invitado a exponer el punto de vista del PO en la Comisión de Defensa, rechazó este ángulo pseudo-constitucional, planteando que lo que había de fondo era un problema político de primer orden. En esta línea, señaló que el decreto macrista está en línea con la profundización de su política de impunidad y ‘reconciliación’ con los militares genocidas. Se trata en ese sentido de otorgarle más autonomía al libre albedrío de la cúpula militar, en detrimento del peso civil del poder político.

La facultad de autodeterminarse le fue quitada a las FFAA en los inicios del régimen constitucional, frente a la crisis (y los correspondientes choques internos) que venían atravesando luego de la dictadura y de la capitulación de Malvinas. Ahora se busca restituirla, con la pretensión de dar a las Fuerzas Militares un mayor peso en la esfera política y social del país. Es la continuación de una política desarrollada por el gobierno de CFK con el nombramiento de Milani y el refuerzo de la ‘inteligencia’ militar.

Este proceso se verifica también con las recientes reformas del Código Procesal Penal, así como con la anunciada participación en misiones militares  de ocupación, llevadas adelante por organismos internacionales que actúan a cuenta del imperialismo. Justamente, la ministra de relaciones exteriores Malcorra ha sido recientemente acusada de desarrollar una política de impunidad –cuando fue jefa de gabinete de la ONU- para ocultar ataques sexuales contra niños y niñas, por parte de tropas francesas “de paz”, en varios países africanos. En su intervención, Pitrola reivindicó ser portavoz de los reclamos en similar sentido de los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Carrió salió a enfrentar a Pitrola, reclamando los nombres de los oficiales reincorporados con antecedentes represivos, y alegando que no se debía atacar de conjunto a las FFAA. Otro diputado macrista planteó la necesidad de reequipar a las FFAA y jerarquizarlas (en este punto, no apareció la preocupación por el déficit fiscal, argumento con el que se enfrentan los reclamos de docentes y médicos en defensa de la educación y salud estatal).

En la defensa del decreto, Carrió afirmó que atacar a las FFAA sería como acusar a toda la izquierda por los crímenes de Stalin. En respuesta, Pitrola defendió a las víctimas del poder contrarrevolucionario, señalando que fueron los trotskistas los que enfrentaron el totalitarismo de Stalin, mientras este era apoyado por los regímenes de la democracia imperialista que masacraban a los pueblos coloniales y los sometían a la esclavitud.

Por su parte -añadió Pitrola- toda la generación militar acompañó la represión genocida de la dictadura videliana, así como  gran parte de los partidos que hoy se reclaman democráticos. El diputado Raffo ratificó indirectamente este planteo, al señalar que existía una minoría de militares (nucleda en el Cemida) que se había opuesto a la represión dictatorial.

El debate está inscripto en la lucha contra el reforzamiento del poder militar como agente represivo, asociado a las nuevas leyes antiterroristas y “contra el narcotráfico”. Se trata de políticas impulsadas por las agencias militares del imperialismo, con las que este gobierno se entrelaza crecientemente. 

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